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Artículos de Opinión

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¿CIUDADADANOS?

¿Deberían los ciudadanos tomarse examen como tales? Por qué no, ya que de ellos depende, en gran medida, la marcha de las cosas.

Ser ciudadano en la Argentina no es para principiantes. Ya que muchos sienten que lo son a pesar suyo. El fanatismo de ser hacedores de un mundo nuevo, ecuánime y con estrategia de crecimiento incluida, se perdió hace muchos muchos años en aras de una utopía partidista, chata y caudillesca. Ahora que el mundo es mucho más amplio, sin ambages se adopta el slogan de ser ciudadanos del mundo. Y se abandona el sueño que posibilitó a muchos, ser, simplemente, ciudadanos argentinos. Que es mucho, muchísimo más importante que serlo del mundo, ya que sin anclaje territorial, de la categoría ciudadano se pasa inexorablemente a la categoría refugiado.
Ignorar las normas
Si a los argentinos se les exigiese pasar un examen para recibirse de ciudadanos no lo pasan en un altísimo porcentaje. Salvando el preámbulo, la Constitución Nacional es una gran desconocida. Si incluimos las normativas electorales, el desconocimiento es supino, y casi nulo el interés por saber de qué se trata en cuanto a autonomías provinciales. Si bien no se le puede exigir a la gente que sepa de leyes, el demostrar interés puede paliar el saber escaso. Pero ni eso abunda, reina la anomia matizada con ataques de pánico cuando los bolsillos se resienten y se corre a buscar refugio en la cueva de la utopía. Como ciudadanos somos inestables, amamos y odiamos sin matices y convivimos sin respeto. La noticia es que esos sentimientos tan fuertes y tan tercos no se usan más. La sociedad moderna, hiper comunicada, necesita más que nunca de reglas de convivencia que permiten ser y estar con el otro. Lo cívico es como un chat, no se puede ignorar al que te habla. Si lo hacés estás afuera.

Control de gestión

Los ciudadanos, son ahora miembros titulares de la sociedad civil, una sociedad que aspira a un Gobierno Abierto, y que para ello debe asociarse al gobierno, debe interiorizarse y debe opinar. El rol lo tiene a mal traer ya que implica involucrarse, entender, juzgar, aunque más no sea en temas que son de su interés. Y lo que es más importante aún, se deberá enfrentar a sí mismo, decidirse cada día a opinar con perspectiva grupal.

Argentina fue pionera

La Argentina fue pionera en construir una democracia en tierra de montoneras e inmigrantes. Tarea dificilísima que devino en facilismos cuando se trató de arriar gente para votar. Sistema que, mal que nos pese, con variantes que se aggiornaron con el paso del tiempo, han continuado hasta nuestros días.

Sumado a las interrupciones al sistema republicano, el ímpetu democrático no termina de definirse para sostener y reforzar las instituciones. Por lo que todos los días temblamos cuando algo sale mal. Este año la acción de gobernar tuvo una visualización como nunca antes vista, no solamente por el cambio que significó romper con un partido tradicional con una impronta nada transversal, si no porque los actores fueron muchos. Ministros, Secretarios, la Vice Presidente, Senadores, Diputados y Gobernadores, todos tienen voz y se hacen oír.

Los ciudadanos, ante tanta algarabía, deben procesar demasiada información y se recluyen y confían en la voz que tiene más cerca y delegan su derecho a pensar para opinar.

Un año para aprender

Hubo nuevas propuestas. Hubo que acostumbrarse a un estilo de gobierno inédito, hubo que aceptar que la oposición también tiene voz, hubo que procesar el engaño que significa la corrupción rampante, hubo que hacerse cargo que todos aceptamos todo cuando nos conviene.

Y fundamentalmente darse cuenta que hemos pasado un año con nosotros mismos. Se fue la guía que nos proponía seguir en la adolescencia, llegó la madurez, que es aceptar que el estado somos todos y que el paternalismo se jubiló. No es fácil dejar atrás el rol de ciudadano dependiente o el de ciudadano indiferente, hoy la república nos exige algo más .

Dora Moneta

GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA. Palabras polisémicas

"EL COMICIO ES CONTINGENTE , LO CIERTO Y PERDURABLE ES LA BUENA ADMINISTRACION. " Eduardo Fidanza. Editado desde La Nación online.

Las ideas del Presidente no son nuevas. Y no significan necesariamente una descalificación de la política. En rigor, se trata de una concepción alternativa de ésta, que la coloca en un escalón inferior a la administración y cuya tradición arranca en Saint-Simon y llega hasta la actualidad, con la panoplia de propuestas de gerenciamiento y tecnología aplicados a la cosa pública. Acaso más interesante, y menos mencionado, sea advertir que detrás de la apelación presidencial se debaten dos conceptos teóricos que han ocupado a los politólogos en los últimos años: la gobernabilidad y la gobernanza, términos de traducción inhóspita al castellano, que provienen de los vocablos ingleses governability y gobernance, respectivamente.

El significado de estas palabras polisémicas y controvertidas apenas puede esbozarse en una columna periodística. Podría decirse que gobernabilidad alude al equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad del sistema político para responderlas con eficacia y legitimidad, mientras que gobernanza apunta al marco de reglas, instituciones y prácticas que determinan un buen gobierno. La gobernabilidad se alcanza con requisitos materiales básicos y mediante acuerdos entre los grupos de poder. La foto de Macri y Schiaretti pretende expresarla. En realidad, es una sublimación del hecho básico de la política: la lucha por el poder. Este combate puede suceder de manera despiadada, al modo de la selva, o con reglas.

La ley del más fuerte suele conducir a la ingobernabilidad. Al Presidente, un líder con apoyo acotado, lo desespera un desenlace así.Recurriendo a una metáfora, podría ilustrarse de este modo la cuestión: la gobernabilidad son los cimientos del edificio; la gobernanza son los pisos, donde los arquitectos diseñan una vida confortable. La Argentina es de esos países que no pueden elevar el edificio porque nunca terminaron los cimientos.

Cuando un nuevo gobierno plantea la agenda de la gobernanza, se encuentra con las angustias diarias de la gobernabilidad. Frente al peligro de desmadre, busca comprar tranquilidad, establecer pactos, aliviar necesidades. Cuesta mucha plata y mucho tiempo mantener la paz social. El gobierno ideal cede ante el gobierno real. No construye poder: evita el caos.El problema es arduo. Detrás de las demandas insatisfechas acecha el populismo. Es la fisura que, según Ernesto Laclau, justifica su razón, que se basa en el conflicto, no en el acuerdo. Queda por ver si los argentinos seguirán en la misma lógica, peleando por un lugar a la intemperie, o decidirán concluir juntos los cimientos de una casa común.

Para los expertos, la boleta electrónica debe aplicarse de manera progresiva.

Fuente: La Nación online

Un panel de especialistas se mostró a favor del uso de tecnología en elecciones, pero recomendó gradualismo

La coincidencia de los expertos fue casi unánime: el sistema de boleta única electrónica (BUE) que propone instrumentar el Gobierno a partir de las elecciones legislativas del año próximo debería aplicarse de manera gradual y progresiva. Es decir, primero en unas pocas localidades y en posteriores etapas, en todo el país. Sólo así, con las debidas pruebas y certificaciones que comprueben su viabilidad, el sistema se hará sustentable en el tiempo y se preservará la confianza, el valor principal de todo régimen electoral.

Steven Martin, observador electoral especializado en auditoría de nuevas tecnologías del proceso electoral; Alberto Dalla Vía, presidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE); Juan Manuel Abal Medina, senador por el Frente para la Victoria (FPV), y Carla Carrizo, diputada de Cambiemos, participaron ayer junto a Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación, del seminario internacional "Por una reforma electoral basada en el ciudadano", organizado por la ONG Argentina Elige.

Tras debatir sobre las implicancias del voto electrónico, el seminario abordó el problema del financiamiento de la política y de las campañas. Para ello contó como orador principal a Samuel Issacharoff, quien asesoró al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en temas de financiamiento de campaña.

Durante el seminario, los expertos reivindicaron el uso de la tecnología en los sistemas de votación, aunque con las debidas precauciones. "La tecnología ofrece funciones adicionales y beneficios al proceso electoral, acelera el recuento de votos y permite la inclusión de las minorías y extranjeros. Esto se combina con los desafíos que ésta acarrea: el uso de la tecnología no necesariamente genera confianza", advirtió.

"Recomiendo que toda tecnología (aplicada a un proceso electoral) se introduzca de manera equilibrada, gradual, reconociendo los beneficios como los riesgos que ésta implica", enfatizó Martin, quien hizo hincapié en que las pruebas y las certificaciones del sistema sean rigurosas antes de la fecha de la elección.

Además, el experto insistió en que antes de decidirse por un sistema electrónico el Gobierno debe tener en claro cuál es el problema a resolver. Y que la regulación legal sea muy precisa, sin dar espacio a la ambigüedad.

El presidente de la CNE retomó esta última línea. "No podemos dar saltos al vacío en materia electoral", advirtió Dalla Vía, quien recordó que si bien los jueces electorales apoyan el cambio del sistema de votación, su instrumentación debería ser "gradual" y con la garantía legal de que contarán con los recursos económicos para la auditoría y el control. El proyecto de ley del Gobierno nada dice al respecto.

Apuro

El camarista advirtió sobre el escaso tiempo que habrá desde la eventual sanción de la ley hasta su primera aplicación, en las elecciones de 2017. "Una auditoría requiere varios meses y recursos humanos y económicos para llevarla adelante", señaló, e insistió en que si bien la justicia electoral no se opone al uso de la tecnología para el sistema de votación, debería primero solucionarse el "enorme retroceso" que, en materia de inversión tecnológica, padece la Justicia para garantizar la transparencia y el control del proceso electoral.

"Para nosotros, la boleta electrónica es sólo un instrumento. Los valores a preservar son la seguridad, la certeza y el secreto del voto. La celeridad (en el recuento) bienvenida sea, pero no es un valor democrático fundamental", afirmó Dalla Vía, quien cuestionó por otra parte que el oficialismo preserve en la órbita del Gobierno el manejo del escrutinio provisional, cuando a su entender debería estar en manos de un órgano independiente, como la Justicia.

Avanza el debate, pese a las críticas


Con fuertes cuestionamientos del Frente para la Victoria (FPV) y la izquierda y dudas de otros sectores de la oposición, la Cámara de Diputados avanzó ayer en el tratamiento del proyecto de reforma electoral que impulsa el Gobierno.

Con las restricciones en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y las presuntas vulnerabilidades del sistema de boleta electrónica que impulsa la Casa Rosada como ejes de la discusión, el oficialismo planea emitir dictamen el martes próximo y llevar el tema al recinto antes de fin de mes.

La hora de la reforma política

Fuente: La Nación online

Urge transformar nuestro degradado sistema electoral en un mecanismo moderno, transparente y verdaderamente respetuoso de la voluntad popular

Con la exitosa vuelta de página dada por el gobierno nacional al sacar a la Argentina del default, son numerosos los temas que pugnan ahora por ocupar los primeros puestos de la agenda política. Sin duda, la inflación, la generación de empleo genuino, el combate contra el narcotráfico y el delito en general siguen siendo prioridades. Pero hay otro tema que fue uno de los ejes de la última campaña electoral y que también ocupa un lugar especial en la consideración general: la reforma política y electoral.

En el núcleo de ese cambio, cuyo proyecto de ley se estima que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso durante el mes actual, figuran como prioridades la instrumentación de una boleta única electrónica, el cambio en la autoridad de aplicación de los procesos electorales, la obligatoriedad de los debates presidenciales y la regulación del uso de la cadena nacional para que se la prohíba durante las campañas electorales. Podría decirse que esos temas constituyen la esencia de la reforma, cuya discusión puede derivar, incluso, en la sanción de leyes complementarias y en un pacto federal con los distritos, pues hay cuestiones que hacen a la decisión soberana de las provincias.


Desde ya, el reemplazo del vetusto sistema de elección con boleta de papel, con la enorme burocracia que genera -no exenta de sospechas de fraude, robo de urnas y de parcialidad de quienes han tenido a su cargo los escrutinios-, es un tema clave. Entre otras cuestiones, debe ser definido con prontitud pues, de establecerse una boleta única electrónica, se necesita tiempo para encarar todo el proceso de prueba, instrumentación y desarrollo y, también y muy especialmente, para llevar adelante una completa y clara campaña de concientización, ya que una cosa es ponerlo en práctica en una zona urbana y otra muy distinta es hacerlo en parajes del interior profundo donde el contacto con las nuevas herramientas tecnológicas es escaso, cuando no inexistente.

Con vistas a la reforma política y electoral, el Gobierno ya realizó una serie de reuniones con presidentes de partidos políticos, con ministros de gobierno de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con miembros de la Cámara Nacional Electoral y jueces electorales de todo el país. En el encuentro con los magistrados, uno de los planteos giró en torno de la necesidad de analizar en profundidad si realmente se quiere reemplazar a la Dirección Nacional Electoral por un ente autónomo como autoridad de aplicación de los procesos electorales. Y, también, que la ley garantice un estricto control sobre qué tipo de tecnología y software serán usados en caso de optarse por la boleta electrónica.

Una de las cuestiones que también impulsa el Gobierno es la limitación de las reelecciones provinciales y la unificación del calendario electoral. Cabe recordar que el año pasado, sólo en la Ciudad de Buenos Aires hubo seis convocatorias a elecciones. Es en ese punto que se trata de llegar a un acuerdo federal, a una adhesión voluntaria de las provincias, ya que algunas tienen prohibido por leyes locales unificar sus elecciones.

Lejos de agotarse en esos temas, la reforma en cuestión promete una larga discusión parlamentaria. Por ejemplo, la diputada nacional Carla Carrizo (UCR-Ciudad de Buenos Aires) presentó un par de proyectos de ley que plantean otras exigencias. Uno propone regular la sucesión parlamentaria para que, ante el fallecimiento o renuncia de un legislador, lo reemplace su suplente y no quien le sigue en la nómina de titulares. La intención es que el escaño vacante se ocupe con una persona del mismo partido de quien lo abandona. Se trata de un largo debate, nunca cerrado, en el Congreso. Sucede que, como consecuencia de los cada vez más constantes hechos de "transfuguismo" y de la enorme fragmentación política distrital, muchos partidos y alianzas se han quedado con menos bancas de las obtenidas como resultado de la voluntad popular.

La segunda iniciativa propicia lo que se denomina "premio a la competitividad", que consiste en favorecer con mayor financiamiento a alianzas y partidos que usen las PASO para dirimir candidaturas. En rigor, ésa debería ser su finalidad, pero la propia ley que impulsó en su momento el kirchnerismo no ha servido siempre para ofrecer a la ciudadanía un menú de opciones entre las cuales elegir. El propio Frente para la Victoria, en el orden nacional, ha concurrido a primarias con una fórmula única presidencial en 2015 violando su propio proyecto.

Entre otros temas por considerar figura la eliminación de la ley de lemas, aunque ello también depende del pacto federal al que pueda arribarse en pos de la transparencia de los comicios en todo el país. Hoy tres provincias mantienen ese injusto sistema que termina ungiendo ganador a quien individualmente no obtuvo la mayor cantidad de votos. Ocurrió, por caso, con Alicia Kirchner, quien finalmente se alzó con la gobernación santacruceña, distrito donde el tema ha sido judicializado. En Formosa y Misiones también rige ese sistema, utilizado para que un frente presente varios candidatos -o listas "colectoras"- de modo de que entre todas sumen votos para un mismo lema.

Si bien no hay plazos taxativos para concretar todo este proceso, no hay duda de que urge producirlo rápidamente. Como ya hemos dicho desde estas columnas, la reforma política y electoral es mucho más que la respuesta a una promesa de campaña: es una necesidad impostergable para que nuestro degradado sistema se transforme en un mecanismo moderno, transparente y respetuoso de la voluntad popular.

Laberinto electoral: el otro lado de la reforma política

Fuente: Por Raquel San Martín para La Nación online

¿Podrá la política autolimitarse? Lemas, colectoras, acoples y alianzas: las permisivas normas vigentes multiplican la oferta electoral hasta hacerla incomprensible.

Si el año pasado usted votó en Santa Cruz, sabrá que el candidato más elegido fue Eduardo Costa, pero la gobernadora es hoy Alicia Kirchner. Si lo hizo en Formosa, habrá encontrado al candidato Gildo Insfrán en 54 de las 78 boletas entre las que tuvo que elegir. Si fue en Jujuy, se habrá preguntado por qué Gerardo Morales compartió boleta con Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Mauricio Macri. Y si votó en Tucumán, sabrá que 50 de los 80 acoples entre los que tuvo que optar apoyaban al oficialista y vencedor Juan Manzur.

Nada de esto es ilegal. Las leyes electorales (nacional y provinciales) habilitan una variedad de "estrategias" por el estilo: lemas, listas colectoras y espejo, acoples y alianzas efímeras que ponen a muchos ciudadanos frente a una oferta electoral extensa, incomprensible y contradictoria, lo que no pocas veces termina resultando en un voto al menos desinformado o, como dicen algunos expertos, directamente limitado.

Mientras el Gobierno impulsa la discusión de una reforma política, que comenzará en mayo con el envío del proyecto oficial al Congreso, los temas centrales parecen resumirse en el voto electrónico, la unificación del calendario de votación y el rediseño de la autoridad que controla las elecciones. Pero menos se habla de la regulación de la oferta electoral y de los partidos políticos, aunque a nadie se le escapa que no hay voto electrónico que pueda hacer más sencillo elegir entre 80 boletas. En parte, porque poner la laxitud de estas normas en primer plano implica navegar las aguas complicadas de la negociación con las provincias, que son autónomas para dictar sus leyes electorales y juegan su propio ajedrez político. También porque significa restringir ciertas prácticas -consolidadas durante el kirchnerismo como una de las principales estrategias para sumar adhesiones- que benefician a casi todos. La contracara es un sistema en el que el ciudadano no termina votando siempre lo que quiere; es lo que los expertos llaman un "bajo umbral de ciudadanía electoral".


"Las reglas vigentes en la Argentina no aseguran el ejercicio pleno de los derechos a elegir y ser elegido a todos los ciudadanos", se lee en un documento reciente del Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) -realizado por Julia Pomares, Marcelo Leiras y María Page- que anticipa el lanzamiento de Argentina Elige, la semana próxima. Se trata de una plataforma cívica, "plural y apartidaria", que integran Cippec y un conjunto de líderes sociales, empresarios y académicos para motorizar que la reforma política y electoral que se debatirá en los próximos meses esté "orientada a los ciudadanos".

"Hoy en la Argentina el condicionamiento de las leyes sobre el juego electoral es muy limitado. En los últimos años las alianzas, que nunca habían sido un tema de regulación, son las protagonistas de la competencia electoral. Las reglas se tienen que adaptar", apunta Julia Pomares, directora ejecutiva de Cippec. La actual ley electoral le dedica a las alianzas sólo un artículo. Algo así como si en cada elección estuviéramos jugando al futbol con el reglamento del básquet.

Quizás porque las elecciones del año pasado -con los conflictos en Tucumán y la lentitud del recuento de la elección presidencial como momentos más evidentes- mostraron los efectos concretos del problema, poner en discusión la oferta electoral logra adhesiones de sectores que no lo habían considerado prioritario hasta ahora. Al menos en teoría.

"Es tan relevante el tema de la oferta electoral que la regulación condiciona para bien o para mal la performance de la modalidad del voto, que es algo instrumental", dice Alejandro Tullio, que fue durante 15 años, hasta diciembre pasado, director nacional electoral. "El ciudadano no puede enfrentarse con múltiples combinaciones arbitrarias y a veces contradictorias. Al votante se lo confunde, genera inconvenientes para contar los votos y es ineficiente como forma de construir poder."

Tullio habla de las permisivas reglas vigentes para el armado electoral: la ley de lemas (en Santa Cruz, Formosa y Misiones, por la que cada partido puede presentar varias listas y dirimir su interna en la elección general), listas colectoras (los partidos forman una alianza para gobernador pero van en listas separadas para legisladores) y listas espejo (los mismos candidatos compiten por diferentes partidos). Como dice el documento de Cippec, "estas prácticas desdibujan las diferencias entre los partidos, a tal punto que es difícil distinguir la oferta oficial de la opositora, y hacen crecer la oferta electoral artificialmente".

De leyes y prácticas

Como sucede con frecuencia, la realidad cambia más rápido que las leyes que quieren regularla. Así, nuestra arquitectura jurídica está basada en la figura de los partidos políticos, mientras cada vez más las alianzas son las protagonistas de las contiendas electorales. "Las alianzas deben asimilarse más a los partidos; hoy los partidos tienen obligaciones y reciben sanciones por lo que hacen las alianzas, que no pueden ser sancionadas porque se disuelven en cuanto ganan las elecciones. Hay que buscar mecanismos para que las alianzas se sostengan en el tiempo", sigue Tullio.

En el fondo, la disyuntiva parece ser hasta dónde una ley puede transformar la realidad. "En el mundo, la idea de grandes partidos que se sostienen en el tiempo es difícil de encontrar, y allí donde implosionan no son reemplazados por otros grandes partidos. Más bien surgen personalidades que generan organizaciones a la nueva usanza, más efímeras, más volátiles, más centradas en lo local. Es ilusorio pensar que una ley va a generar un sistema con tres grandes partidos nacionales de orientaciones ideológicas claras", apunta el politólogo Gerardo Scherlis, director de Reforma Política en la Secretaría de Asuntos Políticos que conduce Adrián Pérez, donde se redacta el proyecto.

Pero una ley quizás sí podría promover cambios para reducir la fragmentación electoral extrema de la Argentina: hay en el país más de 600 partidos políticos, que pueden ser nacionales, distritales o provinciales, cada uno con sus normas y atribuciones. Hay calendarios electorales provinciales que no siempre coinciden entre sí o con el nacional. Y hay leyes diferentes: en algunas provincias, un chico de 16 años puede elegir presidente pero no gobernador. Disponerse a cambiar esto implica atravesar una maraña normativa que desemboca directamente en la autonomía provincial. "La Argentina es un país federal, la política históricamente se ha hecho en las provincias, que tienen sus propias fuerzas políticas. Los partidos tienen sus formas en cada una: no es lo mismo el peronismo en el conurbano bonaerense que en Salta, y el radicalismo tenía un perfil más liberal de centroizquierda en la capital y más conservador en Córdoba", dice Scherlis.

¿No hay nada que se pueda hacer, entonces, para dar cierta racionalidad al escenario? "Nadie habla de recortar autonomía ni cambiar las Constituciones, pero sí, dentro de la libertad que tienen las provincias, hay que discutir umbrales mínimos y comunes de ciudadanía electoral, un piso de derechos que se garantice en todo el país", dice Pomares, quien sin embargo reconoce las dificultades de la propuesta. "Todo lo que en la Argentina implique un pacto federal, de la coparticipación a la salud pública o las elecciones, es lo más complejo, porque los gobernadores son actores de peso y hay muchas disposiciones en las Constituciones provinciales -apunta-. El diseño institucional de esa negociación, en el tema electoral, es complejo. ¿Una ley convenio a la que puedan adherir las provincias? ¿Un pacto que firmen los gobernadores?" "Una invitación a discutir el tema", se dice por ahora en el Gobierno.

Estado vs. provincias

Esta pulseada por el control de las elecciones es histórica en la Argentina. Según cuenta el historiador, profesor de la UBA e investigador del Conicet Luciano de Privitellio, "la primera ley nacional de elecciones es de 1857. Antes de eso cada provincia votaba electores como quería. Cuando las provincias ceden potestad a la Nación para organizar elecciones se reservan la de hacer sus leyes electorales. Al principio los padrones que usaba la Nación eran provinciales porque el Estado nacional no tenía los instrumentos para elaborarlos. En el siglo XX el Estado se hace cargo, se organizan padrones nacionales y jueces federales para el control de las elecciones".

La ley Sáenz Peña fue la señal más clara de ese cambio. No es azaroso nombrarla: este año se cumple el centenario de su primera aplicación en una elección presidencial, en 1916, en la que ganó Hipólito Yrigoyen. De aquella ley sólo nos queda la obligatoriedad del voto y el cuarto oscuro. "Desde aquel momento hubo otras leyes electorales que cambiaron la manera en que votamos. En 1962, se instaura la representación proporcional que hoy usamos", dice De Privitellio, y apunta: "La clave de un sistema electoral es la manera en que se traduce un resultado, por ejemplo, en diputados electos. La proporcionalidad es una de las formas. Mientras la mantengamos, no habrá grandes novedades".

Las consecuencias de la laxitud de las normas electorales llegan a la gobernabilidad. "El partido político es un mecanismo eficiente de coordinación: hay partidos porque es imposible que 257 diputados se pongan de acuerdo. Se necesitan unos pocos que representen a muchos. Hoy hay 35 monobloques en el Congreso. El resultado es que hay que negociar uno a uno y para todo, no hay eficiencia ni previsibilidad para gobernar", sintetiza Pomares.

Ana María Mustapic, directora del Departamento de Ciencia Política de la UTDT, agrega otra consecuencia, no menor. "Si se limitaran este tipo de estrategias electorales, disminuirían los costos de la política electoral: si tengo muchas listas que me aportan votos, tengo que compensar a mucha gente con cargos o espacios", dice. Y el ejemplo lleva a Brasil, con las diferencias del caso, donde esa devolución de favores acaba de quedar en evidencia en una coalición quebrada y un Congreso fragmentado, "en el que las mayorías se terminan consiguiendo de las peores maneras posibles", como dice el senador del Frente Para la Victoria Juan Manuel Abal Medina, que como jefe de Gabinete siguió de cerca la anterior reforma electoral, en 2009. "Cuando querés plantear alguna regulación en general te acusan de dejar alguna opción política afuera, sobre todo la izquierda. Yo les decía que no es más democrático tener 20 partidos que no vota nadie que una opción política clara para el votante", señala.

El asunto de fondo es que, como dice Mustapic, "toda reforma de un sistema electoral implica una redistribución de poder". ¿Hasta dónde puede una ley encorsetar las prácticas políticas? Responde: "Las reglas que existen permiten estas estrategias que afectan el derecho a elegir y ser elegido. Si se entiende que esto perjudica el derecho del ciudadano a elegir con información y opciones claras, se puede justificar la regulación que cambie el escenario".

Abal Medina es más asertivo: "Los partidos son instituciones de la sociedad civil, pero desde la reforma de 1994 también son instrumentos de gobierno. La ley tiene que trabajar cuando los partidos no funcionan bien, tiene que actuar ortopédicamente para lograr mínimos niveles que te permitan saber qué votás cuando votás".

Mientras tanto, el proyecto oficial se termina de revisar en el Poder Ejecutivo, después de rondas de diálogo con ministros de Gobierno, partidos políticos, jueces, ONG y académicos. El proyecto incluiría la decisión de eliminar las listas colectoras y las candidaturas múltiples, establecer el voto electrónico, prohibir la cadena nacional durante la campaña y poner restricciones a la cartelería fuera del período de campaña. También la ciudad de Buenos Aires acaba de lanzar "un diálogo sobre reforma política y electoral" y prepara una plataforma similar para una ley de partidos políticos en 2017.

En la academia y en la política, se sabe que hay temas de fondo sobre los que existe consenso, pero que probablemente no sean objeto de propuestas, como el financiamiento de las campañas o un aumento de la cantidad de votos necesaria para que un partido siga participando en elecciones. No hay margen, se evalúa, para que el Gobierno pueda ser acusado de limitar a los partidos chicos.

"La gran reforma política en la Argentina sería separar a los partidos del Estado, no armar estructuras sobre la base del dispendio de recursos públicos", agrega Scherlis. En esa línea, resta ver qué tanto aceptarán los legisladores poner restricciones a las prácticas que llevaron a muchos de ellos al Congreso.

Elecciones 2015 en cuatro provincias

SANTA CRUZ

Eduardo Costa fue el candidato más votado (41,6%), pero por la ley de lemas, Alicia Kirchner (34.4%) fue electa gobernadora. Hubo un sublema cada 475 electores.

LA RIOJA

Nueve agrupaciones compitieron por la gobernación, pero debido a las listas colectoras hubo 43 boletas distintas. Hubo un candidato cada 50 electores.

JUJUY

El ganador Gerardo Morales compartió distintas boletas con Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Mauricio Macri.

SALTA

Las listas de Juan Manuel Urtubey y Juan Carlos Romero tenían cada una varias listas de diputados distintas. Además, en esa provincia hubo un candidato cada 87 electores.

Una lección de política para descolocar otra vez a todos

Fuente: Por Elisabetta Piqué para La Nación online

Nadie duda de que el viaje a Cuba y a Estados Unidos del papa Francisco, el más largo y complejo de su pontificado, fue un éxito total. Otro milagro de Pope Francis, destacaban en los medios norteamericanos. No sólo porque conquistó a la gente de la calle por su sencillez y sus gestos de pastor (el impacto de las imágenes de él deteniendo el Fiat 500 negro para saludar a un chico con parálisis cerebral, en el aeropuerto de Filadelfia, fue inmenso). Sino, también, por el tono manso y equilibrado que usó cuando se tuvo que parar a hablar ante el Congreso de Estados Unidos, en el recinto de la ONU y ante obispos y sacerdotes, tanto cubanos como norteamericanos.

Quienes pensaron que el Papa, considerado "comunista" y populista por algunos sectores, iba a salir al ataque de la única superpotencia del mundo, símbolo del capitalismo, se equivocaron. El ex arzobispo de Buenos Aires, hábil estratega, hizo gala de su gran cintura política.

Fue, en Cuba y en Estados Unidos, diplomático y respetuoso. Y, como él mismo dijo, quiso instaurar un puente y dio ejemplo de esa cultura del diálogo y el encuentro a la que llama: invitó a buscar consenso, coincidencias, lo positivo que hay o hubo en la realidad y la historia, para, desde ahí, corregir un rumbo errado.

¿El objetivo? Tanto en Cuba como en Estados Unidos, un cambio en las conciencias de los gobernantes en favor del bien común general, de la reconciliación, para que una humanidad inmersa en conflictos gravísimos pueda dar un golpe de timón y cambiar.

También es cierto que no faltaron críticas. Que por qué no se reunió con disidentes cubanos y sí con Fidel Castro, sinónimo del demonio para los exiliados de Miami. ¿Por qué no atacó con palabras duras el aborto, por qué no insistió más enérgicamente en que la familia verdadera es la compuesta por un hombre y una mujer, como se quejaban los ruidosos pero pequeños sectores más conservadores y tradicionalistas? Éstos siguen sin digerir su histórica frase "¿Quién soy yo para juzgar a una persona gay?", pronunciada en julio de 2013, con la que conquistó a creyentes que se habían alejado, pero sobre todo a no creyentes y personas de las más diversas religiones.

También hubo críticas de víctimas de abusos sexuales de parte de sacerdotes, que probablemente jamás podrán curar sus heridas, más allá de las reuniones con quienes sufrieron esos crímenes horrendos, los pedidos de perdón y palabras de repudio, tanto de Francisco como de su predecesor, Benedicto XVI.

Shock

"La visita del Papa fue un shock", dijo a LA NACION el padre jesuita Jim Martin, autor de varios libros y pluma estrella del semanario jesuita America Magazine.

"Soy hindú, pero amo a este papa, es el papa de la gente", comentó una empleada de servicio de un hotel, fascinada por el jefe de los más de 1200 millones de católicos del mundo, que quiso ir a Harlem, el barrio más pobre de Nueva York y que almorzó con homeless en Washington.

"Lo más sorprendente es la increíble habilidad del papa Francisco de dar bofetadas y que se levanten todos a aplaudirlo", dijo a LA NACION un sacerdote norteamericano que pidió el anonimato y que destacó que, más allá de la diplomacia y del tono equilibrado, el Papa, que consolidó su liderazgo moral, no calló nunca su mensaje ante políticos o sacerdotes y obispos.

"El Papa demostró, una vez más, cómo es capaz de descolocar a todos. No fueron posibles instrumentalizaciones ni de los demócratas ni de los republicanos, y lo mismo dentro de la Iglesia, de parte de progresistas y conservadores", dijo a LA NACION el prestigioso vaticanista de La Stampa y Vatican Insider, Andrea Tornielli.

"Tuvo un impacto inmenso en la gente porque lo que reclama el Papa es un cambio de mirada y de actitud ante todo. La Iglesia acompaña, es cercana y promueve la vida desde el inicio hasta el final, y también en esos 70, 80 años que hay entre el embrión y el anciano que corre el riesgo de la eutanasia", agregó el vaticanista.

Consultado sobre la percepción de que en Cuba el Papa habló menos de lo que algunos esperaban, Tornielli destacó que en la isla de los hermanos Castro "el papa Francisco está ayudando a la transición y al deshielo. No fue un viaje de reclamos, sino de encuentro con el pueblo y de sabiduría diplomática".

Sam Sawyer, jesuita como el Papa, destacó ante LA NACION que lo que más impactó dentro de la Iglesia norteamericana, que esta muy polarizada, fue "su llamado al encuentro, a afirmar lo que es bueno, en lugar de salir a confrontar, a juzgar y a decir quées lo correcto".

Lo que hizo Francisco en este viaje histórico en el que unió a dos enemigos, dos sistemas opuestos, dos realidades -la superpotencia capitalista y la pequeña isla caribeña último bastión del comunismo regional- fue iniciar procesos, señalar el camino de la reconciliación, apuntando al valor de sus coordenadas de acción: la unidad es superior al conflicto, el tiempo es superior al espacio, la realidad es superior a la idea.

Envío así un mensaje no sólo político, sino también, puertas adentro, en la Iglesia Católica, que se prepara en unos días para debatir en un sínodo sobre familia que es considerado, como este viaje, un nuevo desafío para su pontificado reformista.

Las ONG reclamaron elecciones limpias

Fuente: Por Adrián Ventura para La Nación online

Más de veinte organizaciones no gubernamentales pidieron a la Cámara Nacional Electoral que se tomen medidas excepcionales para garantizar la transparencia en las elecciones. Solicitaron actas de escrutinio duplicadas en forma automática, para evitar errores de transcripción en los telegramas, la invitación a observadores internacionales y la provisión extra de boletas, para sustituir las robadas.

Jorge Di Lello, fiscal ante la Cámara Nacional Electoral, que no estuvo convocado en la reunión, se mostró preocupado: aconsejó que en los comicios de octubre se "abran las urnas y se cuenten los votos. Esa decisión aparece como la única herramienta irrefutable para despejar toda duda en torno a las expresiones que insisten en la posibilidad de cometer fraude en las próximas elecciones".

Nadie quiere que se repita el escenario de Tucumán. Por eso, la Cámara Electoral la semana pasada envió un oficio al Poder Ejecutivo para pedir medidas de transparencia, ayer recibió a las ONG y el martes próximo hará lo mismo con los representantes de partidos de la oposición, que ayer anticiparon sus propuestas en una conferencia de prensa.

Del encuentro con los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via participaron unas setenta personas. Entre ellas, los titulares de Poder Ciudadano, Cippec, la Red Ser Fiscal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Club Político Argentino, Transparencia Electoral y Fundación Americana para la Educación.

En las dos horas de reunión, los camaristas repasaron medidas que ellos diseñaron y se limitaron a escuchar a las ONG, que coincidían en ciertos puntos:

-El acta de escrutinio, con la que se hace el recuento definitivo, debería ser copiada automáticamente, para evitar que la transcripción manual en los telegramas (que se envían al Correo para el escrutinio provisional) arroje "errores" que traigan sospechas.

-Es tarde para implementar la boleta única complementaria, pero se sugirió, para subsanar los faltantes de boletas, que deberían existir packs extras con boletas e, incluso, en cada escuela, un cuarto oscuro de contingencia, cerrado, que sólo se abra si un elector no encuentra boletas de su partido en su mesa.


Foto: Marie Louise Martin , Presidente de Fundaedu (Cuidá tu voto y Chau Indiferencia) durante la presentación en la Cámara Nacional Electoral

Bajo el fantasma del fraude

Fuente: Por Mariano Grondona para La Nación online

Se supone que las elecciones son el último recurso para saber quiénes ganaron y quiénes perdieron, y para determinar, en consecuencia, el rumbo cierto de la lucha por el poder. No en Tucumán, donde el resultado de las elecciones quedó en suspenso hasta que se despejen las denuncias de fraude que las salpican por doquier. El caso de Tucumán podría no ser el único en materia de dudas electorales. Los argentinos, después de estos últimos comicios, al parecer hemos perdido la capacidad de contarnos.

En el fondo, la democracia es una mezcla entre las matemáticas y la política. La política nos dice hacia dónde apunta la mayoría. Las matemáticas nos cuentan cuál es la mayoría que dijo tener razón, aunque en el fondo no la tuviera.

Hay otros dramas políticos quizá más graves que los de la democracia, pero la imposibilidad de contarnos nos paraliza por completo. Si no nos contamos, no somos. En la democracia, contar equivale a ser y no se puede ser sin contar. En el fondo, la democracia ha sustituido a la filosofía por las matemáticas. Las minorías, en la democracia, nunca tienen razón; por lo menos hasta las próximas elecciones. No responden a la necesidad de tener razón, sino a la necesidad de vencer aunque no tengan razón. Algunos se dejan convencer por este espejismo. Esta comprobación, por supuesto, es objetable. Cuando a Sócrates lo impugnó una mayoría en Atenas, Sócrates, pese a ello, tenía razón.

Las cuentas mayoritarias en las democracias, en suma, no expresan la necesidad de buscar la verdad, sino la necesidad de apaciguar los ánimos hasta que haya paz. Las mayorías garantizan la paz porque son más numerosas, no porque tengan razón. Es que hay un acuerdo previo sobre el papel de las mayorías: que, sean cuales fueren sus razones, son más, y ésta es, después de todo, su principal razón. Las democracias expresan una verdad a medias tenida por cierta: que se tiene por seguro que cada persona vale un voto y que, valiendo cada persona lo mismo, es decir un voto, la cuenta cierra cuando una lista alcanza la mayoría.

Este último razonamiento desplaza la justificación del voto hacia otro lugar, porque ya no se busca el voto como una fórmula para encontrar la verdad, sino como un camino más modesto, para buscar la reconciliación de los opuestos; no al que tenga la verdad, la razón, sino al que apacigüe a su adversario y consiga decir, como Urquiza después de Caseros, "Ni vencedores ni vencidos", y restablecer la unidad.

Este último razonamiento desdramatiza la democracia, haciéndola retroceder de su lugar sublime de buscadora de la verdad a otro más sencillo, el de la convivencia precaria pero efectiva para evitar que nos matemos unos a otros y logremos convivir. Y esto, en definitiva, es lo más importante.

A estas alturas podríamos asegurar que el fin de la vida pública no es buscar la verdad, sino garantizar la convivencia entre los seres humanos. ¿Nada más? Nada menos. Que no nos matemos como hordas incivilizadas. Que no es poco. Y más de una vez no lo hemos logrado.

Desde las alturas casi inaccesibles de las que habíamos partido en este análisis hasta la modesta meta actual, media sin duda un largo trecho. Pero al rebajar así nuestras exigencias, ¿no nos hicimos al mismo tiempo más realistas? ¿Qué vale en definitiva más, los propósitos modestos o las declaraciones altisonantes?

No queremos perder la capacidad de contarnos. Esto supone una doble capacidad: la de sumar por una parte a cada sector por las suyas y la de comparar los votos de este sector con los demás, para determinar un orden de precedencia.

Ahora bien, contar los votos propios y los del otro supone a su vez, por lo pronto, un proceso de honestidad intelectual, de antemano un acto de veracidad para con uno mismo y para con terceros. Y ahora viene la pregunta incómoda: ¿lo estamos logrando?

La honestidad intelectual, el hecho de contar los votos sin alterarlos, exige un compromiso con la verdad cuando nadie nos mira, aunque esto implique el reconocimiento de la derrota. ¿Estamos los argentinos a esta altura? Y si lo estuviéramos, ¿cómo explicar las denuncias de fraude?

Cada vez que se denuncia un fraude con fundamento, eso quiere decir que alguien ha preferido ganar con mentira que perder con honor. Pero, entonces, ¿cuál es el valor del reconocimiento de la verdad entre nosotros? La proliferación de estas actitudes volvería inviable a la democracia.

No es Tucumán: es todo el sistema

Fuente: Por Carlos Pagni para La Nación online

No hay cosa más difícil de percibir que lo obvio. Fue necesario el grotesco tucumano para que se advirtieran las inquietantes patologías del régimen electoral.

Basada en las irregularidades ocurridas bajo el régimen de José Alperovich, la oposición reclama que se anulen los comicios. Esas anomalías son un capítulo de un problema más amplio y complejo: la crisis de representación que afecta a la política argentina. El impacto de este descubrimiento motivó respuestas inadecuadas. El oficialismo contestó con indolencia. Y la oposición propuso soluciones que demuestran un llamativo desconocimiento de un problema complejo, para el que no hay remedios de corto plazo.

Lo único inmediato son las consecuencias políticas del fraude. Scioli sigue siendo el más perjudicado. El desaguisado de Tucumán lo distancia del electorado juvenil, donde el kirchnerismo juega con ventaja. Y las manipulaciones del voto bonaerense durante las primarias dañaron un vínculo que para él es estratégico: despertó la preocupación de la Iglesia Católica y, sobre todo, del papa Francisco. Desencantado de las novedades que le llegan desde su país, el Pontífice podría postergar el viaje que tenía previsto para la segunda mitad del año próximo.

Es lo que presumen figuras relevantes de la Conferencia Episcopal.

El debate sobre el modo de votar está minado por una confusión entre el sistema de votación y el sistema electoral. Son niveles distintos y en ambos aparecen deformaciones relevantes.

Alrededor del sistema de votación se está formando un mito: la presunción de que existe una receta que garantiza, para usar una denominación del siglo XIX, "la pureza del sufragio". Se supone que la urna electrónica evita las trampas. Sin embargo, Alemania la adoptó en 2005, pero la declaró inconstitucional en 2009, porque el control de los procedimientos queda reducido a especialistas. Holanda volvió a las papeletas tradicionales en 2008. Irlanda había adoptado esa tecnología en 2002 y se deshizo de ella en 2012. En Venezuela hay voto electrónico, pero la oposición denunció que el triunfo de Nicolás Maduro, en 2013, fue manipulado. En Brasil no existen objeciones, pero el centro de cómputos del Tribunal Electoral rechaza alrededor de 500 hackeos diarios.

En la Argentina acaba de ocurrir una paradoja. La ciudad de Buenos Aires inauguró la urna electrónica, que es, en realidad, una impresora de lujo. La empresa que la proveyó, al cabo de un procedimiento plagado de objeciones, tiene un nombre presumido: Magic Software. Es la misma que presta servicios en Salta, donde el frente Romero-Olmedo, que integra el Pro de Mauricio Macri, pidió la inconstitucionalidad de la nueva tecnología porque no admite que sea auditado el "código fuente". Son las instrucciones del programador a la máquina de votar. La fiscalía admitió el planteo, los tribunales locales lo rechazaron y hoy el caso está en la Corte Suprema. Detrás de la discusión tecnológica influye, además, el lobby de estas empresas. Es una de las razones por las que a menudo no se aconseja lo que parecería natural: votar por Internet, como empieza a suceder en la India, por ejemplo.

La papeleta única también plantea contradicciones. El método consiste en que cada votante recibe un formulario con todos los competidores de cada categoría y debe marcar al que prefiere. Así se elimina el robo de boletas. Pero se facilitan otras adulteraciones. Por ejemplo, que a escondidas un fiscal anule un sufragio agregándole cruces. Fue el argumento más frecuente del macrismo para denunciar fraude en Santa Fe.

Hay ardides que no tienen que ver con el modo de votar, sino con la organización de la elección. El Correo, presidido por Juan Claudio Tristán, está en el centro de las sospechas. No sólo porque haya militantes del kirchnerismo que en Tucumán alteraron el escrutinio provisorio. En la provincia de Buenos Aires se detectó que la empresa no repartió infinidad de telegramas para convocar a los presidentes de mesa. De ese modo, las autoridades que abren la escuela eligen a un fiscal, que suele ser oficialista, para que encabece la tarea. Además, el equipo de campaña de Julián Domínguez tiene constancias de que el Correo no repartió su boleta en innumerables mesas del conurbano. La alarma se encendió cuando la elección ya estaba jugada. Quien comunicó a Domínguez la mala noticia fue su vice, Fernando Espinoza: "Julián, nos robaron entre el 7 y el 10% de la elección". El culpable, según ellos, fue Aníbal Fernández, que ejerce influencia sobre la empresa, sobre todo a través de los directivos de La Cámpora. Macri conoce estos riesgos: su padre fue propietario del Correo.

Junto con esta empresa del Estado, en las elecciones interviene el Ministerio del Interior, que confecciona los documentos de identidad. Este predominio del partido de gobierno sobre las demás fuerzas está acentuado por la reticencia de los magistrados a sancionar el uso de recursos públicos para conseguir votos. En la Argentina no es habitual que se penalice, como sucede en Brasil, a los gobernantes que utilizan vehículos oficiales para el proselitismo. Tampoco hay una línea divisoria entre la difusión de los actos administrativos y la propaganda. No es la única conexión entre fraude y corrupción. Cuando la política es la base para acumular fortunas incalculables, como sucede a menudo en el país, la competencia por el poder se vuelve más violenta. El que pierde pierde mucho más que un cargo.

La Cámara Nacional Electoral se propone acotar algunos de estos daños. El martes de la semana que viene recibirá a organizaciones civiles interesadas en la calidad de los comicios. Después habrá un encuentro con los partidos. Entre las salidas que podrían ofrecer los camaristas está reforzar el control judicial en el Correo y en las escuelas. Y establecer una papeleta única complementaria, no prevista por la ley, para neutralizar el robo de boletas.

Vulnerabilidades

La organización de las elecciones está amenazada también por el manejo del calendario. En Brasil y México los comicios estaduales y nacionales son simultáneos. En cambio, la Argentina, que es la otra gran democracia federal de América latina, acostumbra desde 1991 a desdoblarlos. Por eso las elecciones provinciales son controladas por tribunales que casi siempre dependen del gobernador. Igual que la seguridad, confiada a la policía local. Un homenaje al federalismo que no se verifica en otros campos. Como se puede advertir, hay vulnerabilidades que no se eliminan con el voto electrónico o la boleta única.

Hay perturbaciones de otra naturaleza. No radican en el sistema de votación. Pertenecen al sistema electoral. Es decir, no tienen que ver con las prácticas, sino con las reglas que regulan la selección de representantes. En Tucumán hay una deformación escandalosa: el acople. También aparece en La Rioja. La legislación ha estimulado la proliferación infinita de partidos que cuelgan sus listas de legisladores e intendentes debajo de la boleta de los candidatos principales. Así, en algunas localidades, para sólo 12 concejalías competían 1300 candidatos. El oficialismo se beneficia con ese sistema porque es el único que puede financiarlo. Con fondos públicos, desde luego.

La ley de lemas es otra vía para desfigurar la voluntad del votante, de tal modo que un determinado partido siga en ejercicio del poder. Se aplica en Santa Cruz, donde quienes votan a los candidatos de Daniel Peralta, que es un antikirchnerista furibundo, terminan facilitando la llegada al poder de Alicia Kirchner. O viceversa. El mismo régimen se aplica en Misiones y en Formosa.

Las primarias también merecen innumerables objeciones, sobre todo porque determinan una intervención exagerada del Estado en la vida de los partidos. Pero nadie ha llevado el problema a la Justicia.

Las prácticas fraudulentas y las regulaciones distorsivas fueron advertidas por los opositores cuando el juego ya había comenzado. Macri descubrió tarde el valor estratégico de contar con una organización territorial. La lección tucumana obliga a Pro a formularse algunas preguntas. ¿Se puede confiar en los adorables voluntarios reclutados por Facebook para enfrentar al implacable peronismo? En el equipo de campaña de Macri admiten: "Llegó el momento de la política". ¿Y hasta ahora a qué estaban dedicados? ¿A las artes circenses?

Scioli, sin embargo, paga el mayor costo. El kirchnerismo predomina entre los menores de 45 años, que son los más escandalizados por las malversaciones que afloraron en Tucumán. Pero, además, el fraude tuvo consecuencias que el candidato no previó. El Episcopado no sólo está desencantado de la presencia de Carlos Zannini en la fórmula presidencial. La candidatura bonaerense de Aníbal Fernández también activó una alarma. El jefe de Gabinete ha comenzado a pedir reuniones con sacerdotes emblemáticos para conjurar ese malestar, que asciende hasta a Jorge Bergoglio. En especial por la sospechosa derrota de Domínguez, que mantuvo siempre un vínculo amistoso con el Papa.

El malhumor de Francisco con la política argentina podría tener consecuencias protocolares. La visita prevista para la segunda mitad del año que viene tal vez vuelva a postergarse. Scioli tuvo un anticipo del giro. Nadie puede asegurar que, cuando viajó a Roma, quiso ver al primer ministro Matteo Renzi o a esos misteriosos inversores que no estaban en la playa. Pero hay fuentes eclesiásticas que afirman que, en secreto, trató de ver al Papa. Scioli lo niega. Menos mal. Porque si hubiera hecho el intento, tal vez no lo habrían recibido. El cambio climático, que tanto lo desvela, llegó también al Vaticano..

Necesidad de conocimiento y reflexión antes de votar: objetivos que promueve el programa CUIDÁ TU VOTO.

Queremos destacar la Carta de lectores del ciudadano Fernando José Marcone, publicada en el diario La Nación el 24 de mayo de 2015. Consideramos que expresa , entre otros conceptos, la necesidad de conocimiento y de reflexión antes de votar. Son objetivos esenciales que promueve el programa Cuida tu voto.

"....Esta carta la escribo como ciudadano impaciente , que al ver esfumarse los días del calendario electoral teme una vez más encontrarse desnudo en un cuarto oscuro, votando con incertidumbre. Estamos en campaña: publicidades, inauguraciones, denuncias y contradenuncias, chicanas, bailes, mucho slogan y al final…sensación de nada.

Compatriotas y habitantes del suelo patrio; políticos , periodistas, empresarios, sindicatos, iglesias de todos los credos, educadores, miembros del Poder judicial y demás sectores de la sociedad: en estas elecciones les pido algo sencillo a lo que también me comprometo: que desde el lugar que nos toque, aportemos espacios de reflexión, de proposición de ideas, de escucha y de diálogo, ensalzando el respeto y repudiando con énfasis, la banalización de la política.

Necesito escuchar a los políticos exponiendo sus ideas, sus proyectos , conocer sus gestiones y sus capacidades. Así podré tener una opinión crítica que elimine la incertidumbre. Así . aunque el cuarto sea oscuro, no me va a faltar claridad al momento de votar. "

Basta de vivir en la anarquía (Por Alejandro Fargosi)

Fuente: La Nación online

En nuestro país, el incumplimiento de la ley es un mal que sufrimos a diario. Las conductas ilegales van desde no respetar las señales de tránsito hasta una corrupción e ineficiencia casi absoluta por parte del Estado, pasando por delitos cada día más crueles y aberrantes. Es hora de exigir un cambio: necesitamos una Justicia que sea justa. Tenemos la responsabilidad de lograr un futuro mejor para la Argentina.

A lo largo de nuestra historia, sin duda tuvimos logros memorables, que podemos personificar en varios de nuestros próceres nacionales, muchas figuras de la cultura y hasta deportistas célebres que todos conocen. Pero pocos recuerdan que el famoso Charles Darwin estuvo en nuestro país hacia 1832 y nos dedicó algunos párrafos en su Diario de viaje de un naturalista alrededor del mundo. No fueron sólo cumplidos, porque describió lo que ocurría entre nosotros: "La policía y la Justicia carecen de eficacia. Si un hombre pobre comete un asesinato y cae en poder de las autoridades, va a la cárcel y tal vez se le fusila; pero si es rico y tiene amigos, puede estar seguro de que no le seguirán graves consecuencias. Es curioso que hasta las personas más respetables del país favorecen siempre la fuga de los asesinos; creen, al parecer, que los delincuentes van contra el gobierno y no contra el pueblo".

Han pasado casi dos siglos y parece que algunas costumbres no cambian. Pero la verdad es que sí cambiamos, primero para bien y últimamente para mal. Primero, dimos un giro copernicano y nos convertimos en la quinta economía del mundo, un país que brindó trabajo a millones de inmigrantes y les permitió un futuro mejor, tanto a ellos como a sus familias. Supimos ser un país que estaba mucho mejor que Australia, Canadá y parte de Europa, incluso en niveles educativos. Pero desgraciadamente, en los últimos años dimos otro giro y ahora pareciera que volvimos al principio, a esa realidad lamentable que describía Darwin. Ya no nos medimos con las potencias; ahora nos comparamos con países que antes nos envidiaban.

Como dos caras de la misma moneda, nuestros índices de corrupción son altísimos y las condenas penales son demasiado bajas. Eugenio Burzaco explica que más del 90% de los procesos penales -que son sólo una porción de los delitos denunciados- se cierran sin condenas. Por su parte, Orlando Ferreres ha destacado que la estadística "preso-habitante" de la Argentina es la mitad de la que poseen países como Uruguay, Brasil o Chile. Hay demasiados estudios llenos de estadísticas como para citarlos aquí; no se trata de seguir diagnosticando, sino de buscar una solución: sobran explicaciones y faltan medidas concretas. Lo cierto es que en todo el mundo hay delincuentes, corruptos, narcotráfico y mercado negro. Pero para parecernos un poco más al mundo que progresa es preciso modificar algunas normas y varias conductas.

Hay una solución posible: tenemos que empezar por cumplir con la Constitución y las leyes, dejando de lado engaños e indulgencias no plenarias pero sí sistemáticas. Es necesario que nos desembaracemos de ciertos funcionarios, políticos y jueces que aceptan y a veces fomentan el caos y la desobediencia sistémica para sus intereses particulares, por votos, por poder o por plata. O por todo junto.

Y, sobre todo, es imprescindible que el sistema estatal empiece a exigir el cumplimiento de las leyes a todos por igual y no sólo a un grupo reducido, que carga sobre sus espaldas al resto. De esta manera, habrá sanciones legales para todo aquel que se mantenga al margen de la ley, sea en el delito violento o en el de guante blanco, en las prácticas corruptas o en las mafias del fútbol, del juego o de la droga, entre otras. Es tiempo de terminar la violación de las reglas de convivencia y que se vuelva a tener un país donde todos los delincuentes, sin importar su origen socioeconómico, afronten las consecuencias de sus actos. Vivir en la anarquía no es posible para ninguna sociedad. Por más que parezca que nos hemos acostumbrado, es la peor manera de vivir.

Por eso debemos cumplir con las leyes y empezar a exigir una Justicia que responda a las necesidades de nuestro país, con estándares internacionales. Primero, modifiquemos aquellas leyes y reglamentos que contienen penas excesivamente tenues o que, por su complejidad, hacen casi imposible la aplicación de las sanciones. Luego, abandonemos la cultura permisiva de parte de nuestro sistema judicial, para que los delincuentes reciban sus penas y no quede lugar a dudas de que existe un orden legal que es necesario cumplir. Y, por último, simplifiquemos trámites, reglamentos y prácticas administrativas que sucesivos gobiernos han acumulado, convirtiendo nuestra vida en múltiples vía crucis de permisos, requerimientos, exigencias y demoras que provocan y fomentan la coima.

En definitiva, se trata de que tanto funcionarios como ciudadanos revirtamos ciertos vicios y malos hábitos. No podemos ni debemos permitir que la situación actual de nuestro país nos parezca algo normal. Es posible un futuro donde la Justicia esté del lado de los más vulnerables. En otras palabras, del lado de aquellos que sólo la tienen cómo la última salvaguardia ante los delitos. Para eso está la Justicia en un país democrático y republicano, para que la gente tenga la seguridad física y jurídica que le promete la Constitución y pueda vivir con libertad y sin miedo.

*El autor, abogado, fue consejero de la Magistratura

Ciudadanos con mayúsculas

Fuente: La Nación online

Diseñar el futuro que los argentinos queremos como Nación requiere un serio compromiso con la construcción de una ciudadanía activa

Para la gran mayoría de los seres humanos, pocas cosas son más importantes que dar respuesta a las urgencias propias. Sin embargo, se ha estudiado largamente un fenómeno cuya enorme incidencia demora muchas concreciones: el de la "procrastinación" (del latín pro, "adelante", y crastinus, "referente al futuro"), que se refiere al hábito de postergar o posponer aquello que debería atenderse para sustituirlo por actividades más agradables o placenteras. Los motivos del aplazamiento pueden vincularse con el desafío o la inquietud que provocan, siendo por lo general estas mismas demoras fuertes disparadores de angustias y estrés.

Largas son las listas de cuestiones pendientes que todos podemos confeccionar: laborales, familiares y contables, entre otras. La enumeración puede ser interminable y altamente inquietante. Cuando marzo avanza en las agendas, tras el receso estival, el nuevo año despega y se puebla de promesas, ilusiones y compromisos inevitablemente atados, en gran parte, a la cuota de dilaciones que cada uno consienta. Así somos, en gran medida víctimas de esta otra epidemia de nuestro tiempo, tal como se ha dado en definir la procrastinación, que encuentra por ejemplo en el uso de las nuevas tecnologías de comunicación un refugio muchas veces adictivo.

Extrapolando, podría decirse que el fenómeno de la procrastinación también nos afecta colectivamente, como sociedad. Para el sujeto, las consecuencias de retrasar obligaciones son muy variadas, algunas graves y otras sutiles, ligadas mayormente a que se trate de conductas crónicas o puntuales asociadas al manejo y a la organización del tiempo. Como cuerpo social, también tendemos al aplazamiento de deberes.

Como ciudadanos transitamos nuestros días muchas veces angustiados, temerosos, con la esperanza de un mejor futuro y confiando en que la realidad en algún momento nos devuelva la tranquilidad perdida. Sabemos positivamente que de nuestra responsabilidad y compromiso efectivo dependen, en mucho, los resultados. Comprendemos que no debemos desentendernos de la cosa pública ni delegar en otros cómodamente decisiones que luego podrán afectarnos perjudicialmente. Aun así, la máquina de esgrimir excusas que aceita debidamente cualquier procrastinador nos exime de asumir conductas proactivas y puede mantenernos ensimismados, con serias dificultades para participar, por ejemplo, en algo tan cercano como un consorcio de copropiedad, refugiados en nuestra individualidad y confiando erróneamente en que otros harán lo que sea necesario.

La postergación resulta cómoda, pero también peligrosa. Muchas veces logramos movilizarnos cuando el plazo pasó a ser apremiante y la obligación, moralmente ineludible. Nos sumamos, por ejemplo, a una masiva manifestación contra la inseguridad o más recientemente a un homenaje que exige justicia para un fiscal fallecido. Sin embargo, está claro en este terreno que un extendido sentir social puede compartirse durante varias horas haciéndonos vibrar de patriotismo, pero que cualquier acción que pretenda conseguir resultados sostenibles debe articularse de otra forma para no diluirse en el tiempo.

Con razón se afirma que resulta imposible conseguir efectos diferentes cuando se insiste en actuar una y otra vez de la misma forma. Frente a los sentimientos de orfandad y falta de representatividad, es inútil exigir una renovación total de nuestros cuadros políticos. La ciudadanía debe recuperar activamente espacios, intervenir para consensuar agendas, exigir transparencia en la administración del Estado, ayudar a combatir la corrupción y la impunidad, interpelar por las vías institucionales a las autoridades, contribuir a la renovación de los liderazgos políticos, defender la división de poderes y planificar de cara al futuro, entre otros muchos desafíos.

Cada vez parece más perentorio tomar conciencia sobre la responsabilidad que nos cabe a cada uno como ciudadanos, alejándonos de una identidad colectiva, abstracta y amorfa que nos garantiza el anonimato, pero que poco aporta a la mejora de la calidad institucional en tanto que nos exime de hacernos cargo individual, responsable, activa y comprometidamente de nuestro presente y, por ende, de nuestro futuro. El deber o la obligación cívica se diluye, se aplaza, si no somos capaces de darnos cuenta de las consecuencias que no asumirlos tiene para nuestra cotidianeidad. Es que, además de una obligación, debiéramos hablar de una conveniencia.

El año electoral ya comenzó. Los procrastinadores de siempre dirán que confían en los cambios que surjan naturalmente de la alternancia de poder mientras sólo observan y posponen una mayor participación. Corremos el riesgo de dejar, una vez más, en manos de unos pocos el futuro de todos. Sería quizás oportuno volver a preguntarnos si los pueblos tenemos los gobernantes que merecemos. Podemos, también, asumir algún grado de protagonismo y sumar esfuerzos para canalizar nuestras demandas ciudadanas. Además de promover la formación de escuelas de liderazgo que funcionen como semilleros de líderes para el futuro, no se puede descuidar la conveniencia de armar una red de ciudadanos lo más amplia posible que sepa cómo actuar frente al Estado, cómo involucrarse para incidir en las políticas públicas que definen la calidad de vida de los habitantes de cualquier pueblo, ciudad, provincia o país. Empoderándonos y sumando aunadamente los distintos aportes para que una profunda reingeniería nos permita superar, con esfuerzo y con tiempo, el actual estado de cosas.

Exigir mejorar la calidad del debate electoral y de la representación política, interiorizarnos sobre el financiamiento de partidos y campañas, así como formarnos para tareas de veedurías o fiscalización de actos comiciales son algunas de las muchas alternativas. En este sentido, numerosas organizaciones de la sociedad civil tienen ya un camino recorrido y promueven la participación ciudadana. Fundación Directorio Legislativo (www.directoriolegislativo.org), Asociación por los Derechos Civiles (www.adc.org.ar), Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (www.cippec.org), Asociación Conciencia (www.conciencia.org), Poder Ciudadano (www.poderciudadano.org) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (www.acij.org.ar) son sólo algunas. El Consejo Publicitario Argentino (www.consejopublicitario.org), Cuidá tu voto (www.cuidatuvoto.org.ar) y Chau Indiferencia (www.chauindiferencia.org.ar) han trabajado en campañas que promueven la valorización de la participación y el compromiso de los ciudadanos, como garantía de transparencia y con el fin de ayudar a la capacitación de autoridades de mesa, fiscales y votantes.

Hay mucho por hacer. Para ser ciudadanos con mayúsculas, debemos comenzar a ocupar masivamente espacios de intervención directa, tanto a través de los partidos políticos como en las organizaciones de la sociedad civil. El modelo de delegación exclusiva en los políticos tradicionales está perimido, pues han quedado reiteradamente en evidencia sus serias dificultades para escuchar las demandas ciudadanas.

Entre los remedios para superar la procrastinación, actuar impulsados por una emoción ocupa un lugar destacado. Vivimos momentos de gravedad institucional inusitada. La consternación, la angustia y el temor pueden hoy vencernos o sacarnos de la apatía y motivarnos positivamente para la acción. Ha llegado el momento de dejar de mirar hacia el costado para asumir una responsabilidad ciudadana indelegable. Está en cada uno de nosotros participar activamente de la democracia para que deje de ser simplemente una linda palabra o un telón de fondo hecho jirones por unos pocos y pase a ser el espejo de un esfuerzo de construcción colectiva que nos asegure un mejor futuro. No hay tiempo que perder.

Los tres pedidos del papa Francisco a los candidatos argentinos:

Fuente: La Nación online

"Que sea todo transparente y limpio". El papa Francisco hizo tres pedidos a quienes se postulan a cargos en las próximas elecciones: una plataforma electoral clara, honestidad y financiación pública.

En una extensa entrevista con el periódico La Cárcova News, de la villa La Cárcova, en el municipio bonaerense de San Martín, el pontífice habló de las elecciones de octubre, de su visita al país, prevista para 2016, y repasó temas como periferia, hogar, fe y amor.

"¿Hay algo que quiera sugerirle a los gobernantes argentinos en un año de elecciones?", fue la pregunta. Francisco contestó: "Una plataforma electoral clara, honestidad en la presentación de la propia postura y una campaña electoral de tipo gratuito, no financiada".

"Primero, una plataforma electoral clara. Que cada uno diga: nosotros, si somos gobierno, vamos a hacer "esto". Bien concreto. La plataforma electoral es muy sana, y ayuda a la gente a ver lo que piensa cada uno", explicó.

Francisco dijo que "a veces los mismos candidatos no conocen la plataforma electoral" y pidió que quienes se postulen se "presenten a la sociedad con una plataforma electoral clara, bien estudiada, diciendo explícitamente: «Si yo salgo elegido diputado, intendente, gobernador, voy a hacer 'esto', porque pienso que 'esto' es lo que hay que hacer»".

La entrevista fue publicada por Vatican Insider, una subdisivión del diario italiano La Stampa dedicada al Vaticano. La nota, titulada "Dos años con Francisco, por los villeros de Baires", explica que "el Papa responde a las preguntas de los jóvenes para La Cárcova News, periódico que produce la comunidad de una de las villas miseria de Buenos Aires".

Además, el pontífice propuso "honestidad en la presentación de la propia postura" y pidió "una campaña electoral de tipo gratuito, no financiada".

"[Es] una de las cosas que tenemos que lograr, ojalá la podamos lograr", deslizó. Y explicó que "en las financiaciones de las campañas electorales entran muchos intereses que después «te pasan factura»".

"Hay que ser independientes de cualquiera que me pueda financiar una campaña electoral. Es un ideal, evidentemente, porque siempre hace falta dinero para los afiches, para la televisión. Pero en todo caso que la financiación sea pública. De este modo yo, ciudadano, sé que financio a este candidato con esta determinada cantidad de dinero. Que sea todo transparente y limpio", sugirió.

Palabras del Dr. Ricardo Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la apertura del año judicial 2015.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, expuso su discurso el lunes 2 de marzo durante el acto de apertura del año judicial. Durante el mismo, Lorenzetti pidió "respetar" tanto al ámbito judicial como al Congreso y a "la institución Presidencial". "Preservar la democracia es algo demasiado importante como para dejarla en manos del odio, de la división, del egoísmos, y del miedo", señaló. A continuación, el video con su intervención.

"Exigencia de compromiso ciudadano" (Documento del episcopado)

Fuente: Agencia informativa católica argentina

Al término de su 170ª reunión, los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, en cabezados por su presidente, monseñor José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe, hicieron público este mediodía de un documento en el que expresan algunas reflexiones sobre los próximo actos electorales que se efectuarán en el orden nacional, provincial y local a lo largo del año en curso.

El documento lleva por título “Las elecciones, exigencia de compromiso ciudadano”, y agrega una frase del papa Francisco: “Ciudadanos responsables en el seno de un pueblo”.

A continuación ofrecemos algunos de los párrafos más destacados.

“Después de más de treinta años de vida democrática ininterrumpida y en vísperas del Bicentenario de la Independencia, este año 2015 está marcado por una serie de actos electorales en todos los niveles (nacional, provincial y municipal). En tal contexto, nos parece oportuno compartir algunas reflexiones con nuestros hermanos argentinos”.

“No hemos de reducir el ejercicio democrático sólo a la cuestión electoral cada dos años, sino asumir cada día la necesaria participación ciudadana”

“El proceso electoral es una preciosa oportunidad para un debate cívico acerca del presente y del futuro que deseamos para la Argentina”

“En temas importantes y permanentes, sea posible acordar entre los distintos partidos y sectores sociales políticas de Estado que se desarrollen más allá de los cambios de gobierno, de manera que las legítimas iniciativas que cada nuevo candidato proponga implementar, no signifiquen hacer tierra arrasada y abandonar todo lo hecho hasta ese momento”.

“La elección presidencial, con toda su importancia, no debe ocultar la relevancia de las elecciones en otros niveles, y en particular la de legisladores”

“Al ponerse de relieve las diversidades entre propuestas, candidatos e ideologías, no debe hacernos perder de vista lo que nos une. El Papa nos invita a mirar nuestros vínculos más allá de legítimas pertenencias partidarias o de sector. Por eso nos dice que “convertirse en pueblo es todavía más, y requiere un proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Es un trabajo lento y arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía” (Francisco, El gozo del Evangelio, N° 220)”.

“Las elecciones de este año, debería ser un momento propicio para iniciar un examen de conciencia colectivo, y para proponernos como sociedad metas exigentes, que nos estimulen a crecer en la cultura del diálogo y el encuentro”.

“La responsabilidad es de todos. Nadie podría excusarse razonablemente de participar, según sus posibilidades, en el esfuerzo de seguir afianzando una mejor convivencia en nuestra Patria.”

Texto completo del documento “Las elecciones, exigencia de compromiso ciudadano”.

“Ciudadanos responsables en el seno de un pueblo” (Papa Francisco)

1. Después de más de treinta años de vida democrática ininterrumpida y en vísperas del Bicentenario de la Independencia, este año 2015 está marcado por una serie de actos electorales en todos los niveles (nacional, provincial y municipal). En tal contexto, nos parece oportuno compartir algunas reflexiones con nuestros hermanos argentinos.

2. Las elecciones periódicas y la alternancia en el ejercicio de las funciones de gobierno son elementos normales y al mismo tiempo indispensables de la vida republicana. Como tales, no habrían de encender violencias o generar enfrentamientos irreductibles, sino ser ocasión para un sano ejercicio de las libertades políticas y civiles. También deberían ser una oportunidad para fortalecer un mayor compromiso de todos los ciudadanos con lo público. No hemos de reducir el ejercicio democrático sólo a la cuestión electoral cada dos años, sino asumir cada día la necesaria participación ciudadana.

3. El proceso electoral es una preciosa oportunidad para un debate cívico acerca del presente y del futuro que deseamos para la Argentina. Es necesario crecer en madurez para que un cambio de autoridades no signifique una crisis sino una alternativa normal de la vida democrática.

Invitamos a los candidatos que intervengan en las campañas electorales para que ofrezcan sus propuestas, sin incurrir en agresiones. Que se traten con respeto y cordialidad por cuanto no son enemigos, sino adversarios circunstanciales que puedan continuar dialogando y trabajando juntos para el bien común, al día siguiente de la elección. No pedimos un imposible.

4. Reiteramos lo expresado en “Hacia un Bicentenario en Justicia y Solidaridad (2010-2016)”: “la calidad de vida de las personas está fuertemente vinculada a la salud de las instituciones de la Constitución, cuyo deficiente funcionamiento produce un alto costo social. Resulta imprescindible asegurar la independencia del poder judicial y la plena vigencia de la división de los poderes republicanos en el seno de la democracia” (N° 35). Nos parece importante afirmar y reconocer que hay una diferencia sustantiva entre el Estado y el Gobierno, y tanto más entre el Estado, los partidos y las personas. Si queremos que los cambios de gobernantes no impliquen ignorar legítimos logros, debiéramos alcanzar un adecuado nivel de madurez cívica, donde:

4.1. en temas importantes y permanentes, sea posible acordar entre los distintos partidos y sectores sociales políticas de Estado que se desarrollen más allá de los cambios de gobierno, de manera que las legítimas iniciativas que cada nuevo candidato proponga implementar, no signifiquen hacer tierra arrasada y abandonar todo lo hecho hasta ese momento. Puede ayudar a ese objetivo que algunas de esas políticas hayan sido previamente acordadas entre quienes se postulan a los cargos públicos. Pensamos en algunos objetivos que deberían ser compartidos por todos, como: la superación de la marginación y la pobreza extrema; la desnutrición infantil; la generación de fuentes de trabajo; el respeto de los derechos humanos y la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural; el fortalecimiento de una educación inclusiva y de calidad; la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas; la disminución de la inflación que impide el crecimiento y erosiona gravemente los ingresos de los más pobres; la transparencia en la administración pública y la lucha contra toda forma de corrupción.

4.2. el acceso al Gobierno no implique la designación o contratación adicional de personal perteneciente a un partido o sector. Es indispensable dotar a la Administración Pública de un cuerpo profesional y permanente de funcionarios que ingresen y asciendan en atención al mérito y no a las afinidades ideológicas.

4.3. se pueda pensar en el largo plazo y no solamente en el rédito político inmediato. Por ejemplo, en obras públicas de envergadura cuya concreción demande un tiempo prolongado, que probablemente no sean terminadas por el gobierno que las comience, pero son indispensables para el desarrollo del país. También lo referido al endeudamiento externo necesita de acuerdos para una gestión exitosa y eficaz.

5. La elección de gobernantes, en los poderes ejecutivos y legislativos de todos los niveles, no debe ser el resultado del “marketing”. Queremos exhortar a los ciudadanos a un ejercicio de elección responsable, donde se evalúe a los candidatos no por su imagen mediática sino:

5.1. por la honestidad e integridad de las personas, tomando en cuenta su trayectoria, los valores vividos y no solamente declamados. La Argentina ha conocido gobernantes que no usaron la función pública como una ocasión para su enriquecimiento personal o el beneficio de sus amigos, sino como un verdadero servicio, aún a costa de su propio patrimonio.

Podemos aplicar a nuestro país lo que el papa Francisco ha dicho hace pocas semanas en su visita a las Filipinas: "es más necesario ahora que nunca que los líderes políticos se distingan por su honestidad, integridad y compromiso con el bien común” 1.

5.2. por la capacidad y la idoneidad para la función. No se trata únicamente de pergaminos académicos -que muchas veces también son necesarios- sino de una preparación personal adecuada, y de exhibir el respaldo de equipos de gobierno que puedan hacerse cargo con competencia de la complejidad de la administración del Estado o de la tarea legislativa.

5.3. por las propuestas y las ideas. En caso de candidatos que ya han ejercido funciones públicas: se habrá de tener en cuenta el empeño que han puesto en cumplir con sus promesas. Es necesario que cada candidato haga conocer con claridad y detalle lo que se propone impulsar y realizar. En este sentido, nos parece indispensable que se organicen debates serios y a fondo, donde se puedan confrontar propuestas y proyectos. Es inaceptable evadir el debate de ideas y plataformas.

5.4. por la voluntad y capacidad de diálogo. Dialogar y escuchar al otro no es signo de debilidad, sino de grandeza. Es importante reconocer que los otros también tienen algo que decir y aportar, y estar dispuestos a trabajar juntos por el bien común.

6. La elección presidencial, con toda su importancia, no debe ocultar la relevancia de las elecciones en otros niveles, y en particular la de legisladores. La Nación exige fortalecer su calidad institucional en el proceso legislativo, para que el Congreso sea un ámbito de verdadera discusión de ideas y búsqueda del bien común.

Al ponerse de relieve las diversidades entre propuestas, candidatos e ideologías, no debe hacernos perder de vista lo que nos une. El Papa nos invita a mirar nuestros vínculos más allá de legítimas pertenencias partidarias o de sector. Por eso nos dice que “convertirse en pueblo es todavía más, y requiere un proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Es un trabajo lento y arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía” (Francisco, El gozo del Evangelio, N° 220).

7. Estamos en vísperas del Bicentenario de la Independencia. Los aniversarios importantes, como éste, son ocasión para mirar hacia atrás el camino recorrido: ¿qué hemos hecho los argentinos con nuestro país? Y también mirar con esperanza hacia el futuro: ¿de qué debemos liberarnos aún, qué cadenas nos atan todavía impidiéndonos ser mejores como pueblo? ¿Qué lugar ocupamos y qué lugar queremos ocupar, como Nación independiente y soberana, en el contexto internacional? ¿Qué relaciones deseamos cultivar a nivel regional y latinoamericano en el contexto de la Patria Grande? ¿Qué podemos ofrecer al mundo para que nuestro país sea un lugar más semejante a lo que Dios sueña para la humanidad?

8. Las elecciones de este año, deberían ser un momento propicio para iniciar un examen de conciencia colectivo, y para proponernos como sociedad metas exigentes, que nos estimulen a crecer en la cultura del diálogo y el encuentro.

9. La responsabilidad es de todos. Nadie podría excusarse razonablemente de participar, según sus posibilidades, en el esfuerzo de seguir afianzando una mejor convivencia en nuestra Patria. Convivencia que debe sustentarse en los valores de verdad y justicia, de libertad, solidaridad y reconciliación, en orden al crecimiento de la amistad social. Como fieles de Cristo, miembros de su Iglesia, ofrecemos nuestro compromiso y nuestra plegaria. Que la Virgen Madre de Dios y madre nuestra nos sostenga para alcanzar estos horizontes, con humildad y perseverancia.

Firman: Los Obispos participantes de la 170° Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, Buenos Aires, 18 de marzo de 2015.+

La actitud misionera y misericordiosa, clave pastoral de la Iglesia en la Argentina

Buenos Aires, 18 Mar 2015 (AICA): La Comisión Permanente del episcopado argentino presentó las orientaciones pastorales que guiarán el trienio 2014-2017. Los obispos definieron que la actividad pastoral de la Iglesia en la Argentina tendrá una fuerte impronta misionera y misericordiosa, teniendo como marco de referencia la exhortación apostólica Evangelii gaudium, del papa Francisco.

En conferencia de prensa, monseñor Enrique Eguía Seguí, obispo auxiliar de Buenos Aires, presentó el documento “Felices los misericordiosos porque alcanzarán la misericordia”. En este escrito, los obispos afirman que la elección del papa Francisco “ha sido un regalo de Dios para la Iglesia” y asimismo “un llamado a un mayor compromiso evangelizador y misionero”.

Las orientaciones pastorales son un conjunto de reflexiones, contenidos y acciones que los obispos definen como prioritarias para un determinado período. Monseñor Eguía indicó que la intención del episcopado es encauzar la exhortación papal en la acción evangelizadora de la Iglesia en el país.

“Debimos descubrir las insistencias pastorales del papa Francisco. Luego de dos años de pontificado, reconocemos dos elementos significativos, que son la actitud misionera a la que llama a toda la Iglesia, y por otro lado la misericordia”, expresó el prelado, para quien ambas sugerencias del Papa conforman un “binomio” de estrecha vinculación.

“La actitud misionera no queda en el desafío de una mejor organización, sino que la misión de la Iglesia tiene sentido porque expresa un contenido, que es el amor de Dios y la misericordia por todos”, detalló monseñor Eguía.

Con estas orientaciones, los obispos invitan a los agentes de pastoral a profundizar la actitud misionera en estrecha unidad con la identidad del cristiano, y llaman a volver la reflexión sobre documentos anteriores, como la Carta de los obispos argentinos con ocasión de la Misión Continental, publicada en 2009, y La misión continental en el Año de la Fe: Orientaciones Pastorales 2012-2014, dado a conocer en marzo de 2012.

“Para que el esfuerzo misionero no quede simplemente en un esfuerzo funcionalista, la misión tiene como fin poner de manifiesto la misericordia de Dios”, expresan los obispos.

Monseñor Eguía recalcó en la conferencia de prensa la centralidad de la Eucaristía en la vida de las comunidades, de cara también al Congreso Eucarístico Nacional de 2016, con el que la Iglesia celebrará el bicentenario de la Independencia.

El obispo también detalló tres actitudes específicas que deben tener los agentes pastorales en este tiempo: mantener siempre el impulso que nace del encuentro con Jesús en la Eucaristía, la misión permanente y el contenido de la misericordia, que se expresan en la alegría que da la fe.

Las áreas prioritarias, según anunciaron, serán durante este tiempo la Pastoral Familiar, la Pastoral Juvenil, los sacerdotes, los consagrados y, en especial, aquello que atañe a la construcción del bien común en la sociedad, canalizado a través de la Pastoral Social.

“Queremos asumir el plan pastoral que el papa Francisco ha querido presentarnos en Evangelii gaudium, destacando estas dos grandes dimensiones: la actitud misionera y misericordiosa”, concluyó el prelado.

No volvamos a la ley de lemas. ( Por Alberto Dalla Vía*)

Fuente: La Nación online

Las elecciones presidenciales de este año presentan singularidades que van más allá de la confrontación política: se prenuncia una inconveniente dispersión electoral en algunas provincias, con el retorno de antiguos fantasmas como las "leyes de lemas". Es una tendencia que genera prevenciones en materia de participación política y legitimidad del sufragio.

La separación de fechas de elecciones en varios distritos obligará a los ciudadanos a tener que concurrir a sufragar en diversas oportunidades y con sistemas distintos de votación en el orden local y el orden federal. Además se aplicarán modalidades diferentes en materia de selección de candidaturas y de escrutinio que impactarán en la capacitación de las autoridades de mesa, así como en el financiamiento de los comicios.

Durante el proceso electoral del año 2005, se produjo una situación similar que motivó la fijación de una fecha fija por parte del Congreso de la Nación, a la que las provincias adhirieron. El problema está en que tal acatamiento no es obligatorio, sino que depende de las lealtades partidarias y de las estrategias electorales a la hora de "despegarse" de las elecciones nacionales y del sistema de boletas.

En ese sentido, enciende una luz roja la intención de algunas provincias -entre las que se encuentran Santa Cruz, Formosa y Misiones, y a las que podrían agregarse otras- de restablecer el vetusto y desprestigiado sistema de "lemas", o de "doble voto simultáneo", consistente en realizar una sola elección, interna y general al mismo tiempo, toda vez que las distintas agrupaciones políticas presentan "sublemas" que después se computan por "lema" o agrupación política.

Su consecuencia conocida es que no necesariamente gana el candidato que sumó más votos, sino la agrupación política que acumula mejor suma de sublemas, con lo que se afecta así gravemente el principio de igualdad del sufragio, resguardado en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscriptos y ratificados por nuestro país.

Las leyes de lemas fueron muy cuestionadas y derogadas en las provincias que las practicaban, con notorias distorsiones institucionales, como ocurrió en Santa Fe, Tucumán, Chubut y hasta en la República Oriental del Uruguay. En la vecina orilla, fue reemplazada por las internas abiertas, obligatorias y simultáneas para las elecciones presidenciales, sistema también adoptado por nuestro país en 2009. Por ende, resultan regresivas, además de incoherentes e inconvenientes, las leyes provinciales que se propugnan.

Se trata de una versión mal entendida de federalismo electoral, que en realidad se parece a una innecesaria "balcanización" del sistema político. Es hora de una profunda reflexión por parte del Congreso que debería discutir seriamente las reglas de juego durante los años no electorales para evitar estos forzamientos del sistema, originados en el interés de los actores locales de escapar de las boletas sábanas.

En los demás países federales de nuestro continente -Brasil, México y los Estados Unidos-, las elecciones se unifican; en Estados Unidos, el segundo martes de noviembre, cada dos años, se realiza la elección para todos los cargos, federales y locales.

El principal argumento en ese sentido es que en los sistemas federales, a diferencia de las confederaciones, la soberanía pertenece al pueblo de LA NACION, de modo que la condición de ciudadano es igual en todas las provincias (art. 8° Const. Nac.). Los derechos políticos gozan de un mismo estándar, conforme lo establecen los arts. 37 y 38 de nuestra Constitución y el art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que busca asegurar los principios de igualdad y de equidad en la competencia.

También ésa ha sido la regla entre nosotros desde la sanción de la ley 8871 de sufragio universal, secreto y obligatorio de 1912, conocida como "ley Sáenz Peña", de forma tal que, desde entonces, se encomendó la confección de un registro electoral único que actualmente está a cargo de la Justicia Nacional Electoral, se estableció un régimen de simultaneidad de elecciones y se previeron las Juntas Electorales Nacionales, presididas por los presidentes de las Cámaras Federales en las provincias, e integradas por los jueces electorales y los presidentes de los Superiores Tribunales Provinciales con el fin de asegurar una adecuada coordinación entre las competencias de la Nación y de las provincias.

Por su parte, se propuso un estudio para la implementación del sistema de boleta única en el que la sociedad civil y muchos referentes políticos se mostraron de acuerdo y sobre el que la propia Cámara Nacional Electoral se pronunció en una acordada, pero sobre el que no parece haber interés en discutir. Por el contrario, al complejo sistema de boletas de papel, deberán agregarse ahora las secciones correspondientes a los parlamentarios del Mercosur.

En lugar de discutir aquello que importa, se introducen en cambio nuevos experimentos que tienen como única visión la estrategia electoral inmediata. Como hemos señalado con insistencia, las reglas electorales son de política "arquitectónica" y deben poner mayor atención en el interés de los ciudadanos electores, que en el exclusivo interés de los competidores en la contienda, a quienes sólo parece preocupar la dimensión agonal de ésta.

Afortunadamente, nuestros conciudadanos siguen confiando en la democracia como único sistema posible para la realización de la libertad y de la igualdad, y siguen concurriendo a las urnas con la renovada esperanza de hacer sentir su voz y expresar sus preferencias. Debemos asegurar que sea bajo reglas de juego creíbles y confiables para todos. La realidad del sistema político subyace en un sistema de creencias compartidas.

*Vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral y académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.

La economía depende de la ética, aunque no parezca. ( Por Orlando Ferreres )

Fuente: La Nación online

La economía ha pasado a un segundo plano por los acontecimientos políticos que han abarcado casi toda la vida nacional desde el inicio de 2015. Las cifras actuales de recesión de -2,6% y de inflación anual del 35%, con lo que pueden implicar para la vida de muchos argentinos, han ocupado un pequeño lugar en las noticias y sólo en las páginas interiores de los diarios.

La discusión sobre los temas éticos (o sobre su ausencia, es decir la corrupción) está predominando sobre los intereses cotidianos de la economía. También las definiciones de estrategia de país a largo plazo, en la que nos han ido haciendo pertenecer gradualmente -para que no haya mucha resistencia- al bloque Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y algunos cercanos a Irán, además de Rusia, China y otros bastantes alejados de Estados Unidos y de los países occidentales se sienten como que no están aceptadas por la sociedad. Sino que fueron adoptadas por poca gente con poder, muy ideologizados, y se requiere dar marcha atrás para tomar distancia y repensarlas. Estos temas están generando mucho más conflicto de lo esperado por los grupos en el poder.

Por otro lado, el problema de falta de ejemplaridad en las primeras figuras del país es también un hecho que entró a afectar a los ciudadanos. La disminución de sus imágenes positivas así lo indica. Esta reducción actual es adicional a otras condiciones negativas que la afectan como la inseguridad y la inflación.

Si bien a la población parece no preocuparle, y tampoco lo exigen formalmente nuestras leyes, se requiere una moral sólida de las primeras figuras del país para sostener el interés general y no caer en la apropiación privada del poder con objetivos y visión parcial del bien común. Teniendo el poder de decisión, la tentación es muy grande y sólo fuertes principios morales pueden guiarnos a hacer lo correcto. Este es el principal problema que hemos tenido desde 1930 y aún antes: no sólo el dinero desviado por la corrupción sino, peor, mucho peor aún, las decisiones equivocadas, muy alejadas del óptimo económico, para favorecer al que paga por una decisión corrupta, ineficiente. La decadencia relativa respecto de otros países es la consecuencia.

En la Discusión de Baviera entre el filósofo Jürgen Habermas y el teólogo Joseph Ratzinger, luego Papa, del 19 de enero de 2004, sobre los fundamentos prepolíticos del Estado Moderno, se puede vislumbrar que la democracia se basa en consensos, los que van cambiando con el paso del tiempo, pero se requieren fundamentos desde afuera de la política para las cuestiones morales de todo Estado. El título de la ponencia de Habermas, "¿Fundamentos prepolíticos del Estado democrático de derecho?, entre signos de interrogación, ya es un indicador de que para él la ética y los valores requieren fundamentos desde otros ámbitos como pueden ser los valores que indica la religión- ejemplo, los diez mandamientos o las enseñanzas del budismo y confucionismo-.

Requerimos fundamentar filosóficamente nuestro accionar político para recién pasar a las decisiones económicas compatibles en un todo consistente con el bien común de la sociedad. Todo esto pensando para que dure en el largo plazo y no sólo en el día a día o en el corto plazo, como es el modus operandi del populismo.

En definitiva, tener una ética consolidada con principios filosóficos muy sólidos es condición necesaria, aunque no suficiente, para ser candidato a ocupar la primera magistratura del país. También es fundamental tener un buen diseño político de instituciones y capacidad de gestión en equipo. Es decir, ser capaz de hacer que las cosas ocurran. O sea, primero la ética, después la economía, si bien a muchos no les parece que sea así e incluso afirman que puede haber un presidente sin valores, que se base sólo en la gestión.

Si no contamos con una ética sólida y una excelente capacidad de acción, sólo viviremos de esperanza en esperanza, pero seguiremos decayendo como en los últimos 70 años, con tantas esperanzas frustradas. Ya es hora de cambiar de tendencia y las elecciones de 2015 son una oportunidad, aunque haya muchos que descreen que se pueda llegar a un cambio importante en esta oportunidad. Sin embargo, ese cambio es posible y hay que luchar por él. No ocurre solo, tampoco lo hacen "los otros".

UNA REBELIÓN CIUDADANA QUE LLAME A PARTICIPAR. (Por Norberto Rodriguez-Secretario General Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA)

Fuente: La Nación online

El modelo de delegación en la clase política, del que se ha abusado, está exhausto. Hay que descubrir espacios de intervención directa de la sociedad civil. Fortalecerá la democracia, sin lugar a dudas.

Se escuchan voces de diferente procedencia que se extrañan y preocupan por la atonía de la sociedad argentina ante situaciones que recurrentemente la sacuden y no pocas veces la escandalizan. ¿Qué nos pasa? Es un interrogante que merecería un análisis amplio y profundo. Cuando a una población le da prácticamente lo mismo una cosa que otra puede estar encubriendo distintas patologías, a saber, entre probablemente otras:

a) egoísmo y por lo tanto prima el sálvese quien pueda;

b) la desesperanza, que parte del supuesto de que no habrá cambios ni nada importante por lo que luchar de cara al futuro;

c) miedo, generalmente potenciado por elucubraciones que se magnifican y a veces son superadas por la realidad. Es un momento para speak out sin tapujos.

Obviamente que los ciudadanos somos también responsables de lo que acontece con tanta liviandad e irresponsabilidad. Sin embargo, no es posible ni justo negar la enorme y esencial incumbencia que le cabe a la dirigencia política, plagada de egos, discursos vacíos y declamatorios, y de propuestas serias ausentes. La oposición política es particularmente holgazana. A ella le correspondería, en todo caso, plantear articuladamente caminos alternativos enjundiosos y producto de una reflexión intensa y con una mirada estratégica.

Hay que dejar de hacer promesas de paraísos futuros que no van a existir. A lo que se puede aspirar es a una Argentina que deberá transitar por una pendiente invertida que demandará esfuerzo, inteligencia, institucionalidad plena y GESTIÓN. Aquí radica buena parte de nuestras falencias. Y, por favor, comprender que gestionar no es hacer; gestionar es lograr resultados. Para gestionar hay que abocarse día tras día a una acción planificada y consecuente. Ya está gastada la fórmula de los títulos vagos y rimbombantes por los medios de prensa. Ya se agotó el formato de visitar los barrios pobres en época de elecciones para besar a los niños, plagiar emociones ante familias vulnerables y abrazar a los abuelos. Generalmente, toda esta pantomima luego se apoltrona en el arcón de los olvidos. Las organizaciones de la sociedad civil, en especial las más reconocidas, autónomas e independientes de cualquier aroma partidario, están desafiadas y demandadas a encabezar una rebelión ciudadana orientada a una vehemente participación. El modelo de delegación en la clase política, del que se ha abusado, está exhausto. Hay que descubrir espacios de intervención directa de la sociedad civil. Fortalecerá la democracia, sin lugar a dudas. Sin caer en prejuicios, no sería honesto dejar de plantear la sospecha de que posiblemente la propia "clase" política sea el primer escollo a salvar. Luchará por preservar un coto cuyos alambrados habría que remover. No se desalienta el rol de la política partidaria, en verdad todo lo contrario; lo que se requiere es complementarla con rectitud y prudencia para que los frutos sean sustantivamente mejores.

Al reclamo opositor por mayor transparencia legislativa le faltan señales de ejemplaridad. (Por Gabriel Salvia*)

Fuente: http://www.cadal.org/

Si como dicen algunos legisladores nacionales de la oposición que demandan transparencia legislativa que la misma "empieza por casa", podrían entonces comenzar por impulsar iniciativas alternativas, mientras esperan una respuesta favorable de sus colegas kirchneristas o un futuro cambio en la composición de los miembros del Congreso.

Es que tanto la sanción de una ley de Acceso a la Información Pública, como un proyecto de resolución interna en la materia por parte de cada Cámara del Congreso Nacional, depende del voto del oficialismo.

Por eso, los legisladores opositores que proponen la transparencia activa en la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación pueden ir avanzando en dos ámbitos.

Por un lado, están los legislativos provinciales o municipales en los cuales sus partidos son oficialismo y, por otro lado, lo que cada legislador o su bloque pueden hacer administrando sitios de internet propios. Esto último no será oficial, pero sirve a los efectos de ofrecer transparencia, si eso es lo que realmente importa.

Por ejemplo, en el caso de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde el PRO es oficialismo, la información que brinda en materia de transparencia es de menor calidad que la del Senado de la Nación.

Es cierto que la Legislatura porteña incluye la opción de Transparencia en su menú, ofreciendo información sobre procedimiento de compras, licitaciones, contrataciones, subsidios, y recursos humanos. Pero, tanto la información sobre subsidios, como principalmente la de Recursos Humanos, se publican de manera incompleta.

Hay que tener en cuenta que el listado del personal es el gran tabú en estos ámbitos de la administración estatal. Precisamente, es uno de los grandes retrocesos en materia de transparencia durante la gestión de Julián Domínguez como titular de la Cámara de Diputados de la Nación, lugar donde anteriormente se publicaban los nombres de todos los agentes, separándolos en Permanentes, Transitorios y Contratados.

A diferencia del Senado, la Cámara Baja nunca publicó la dependencia en la cual cada empleado estaba asignado. Con la llegada de Domínguez dejó de publicarse la nómina de transitorios y contratados y en estos momentos directamente no aparece más la información sobre Recursos Humanos en el sitio de Diputados.

En la legislatura de la CABA, a diferencia del resto de la información, la de Recursos Humanos se publica en formato pdf y esto impide copiar y agrupar a los empleados por dependencia, como fácilmente se puede hacer con el personal del Senado de la Nación.

Asimismo, la información incluida en el menú de los legisladores porteños está mejor presentada que la de la Cámara de Diputados de la Nación, pero igualmente es incompleta. Por ejemplo, en las comisiones que integran no corresponde poner el director de la Comisión, sino el nombre del asesor del diputado en la misma. Y en el espacio de los colaboradores, para facilitar el contacto y las peticiones, es fundamental colocar una dirección personal de correo electrónico.

En el caso de la provincia de Santa Fe, gobernada por el Frente Amplio Progresista, la información que ofrece en materia de transparencia es inexistente en la Cámara de Diputados e incompleta en el Senado provincial.

Como puede apreciarse, en dos distritos importantes gobernados por la oposición hay mucho para hacer en materia de transparencia activa en el ámbito legislativo. Pero, por otra parte, a los legisladores nacionales de la oposición nada les impide implementar una autorregulación ejemplar de sus respectivos bloques parlamentarios.

La transparencia activa autorregulada de los bloques legislativos consistiría, por ejemplo, en publicar en forma voluntaria en sus respectivos sitios de Internet lo siguiente:

*Declaración Jurada de Bienes correspondiente a cada año;

*Ingreso Total Bruto de cada legislador del bloque (en concepto de Dieta y en concepto de Gastos de Representación);

*Monto asignado por caja chica a cada legislador del bloque y detalle de la respectiva rendición periódica de gastos;

*Nómina del personal asignado al bloque y legislador, detallando nombre y apellido, relación laboral (personal permanente, transitorio o contratado), categoría y/o remuneración, currículum vitae, tarea asignada, dedicación (exclusiva o parcial), criterio de designación (confianza, recomendación o concurso) y dirección personal de correo electrónico;

*Beneficiario y destino de los tramos de pasajes aéreos y terrestres que mensualmente recibe cada legislador del bloque o si los mismos fueron canjeados por dinero en efectivo;

*Viajes internacionales de legisladores integrantes del bloque, indicando fuentes de financiamiento del traslado y alojamientos, lugar visitado, actividad y programa al que asistió y datos de la entidad/organismo que cursó la invitación; y

*Detalle de los beneficiarios de las pensiones graciables, becas de estudio y subsidios otorgados, monto asignado y criterio de asignación.

*Gabriel C. Salvia es Director General del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

El Congreso pide que lo controlen

Fuente: La Nación

Algo inédito sucedió en el Congreso: un grupo de legisladores, por ahora sólo de la oposición, decidió "formar equipo" para intentar romper por primera vez el corporativismo entre oficialistas y opositores que reina en ambas cámaras. Esa suerte de acuerdo que, desde hace años, impide la difusión de información parlamentaria básica (dietas de legisladores, nombramientos de personal, viajes, declaraciones juradas), que se oculta en el más oscuro hermetismo.

 

Toda una paradoja: legisladores que reclaman transparencia en su propio lugar de trabajo, el Congreso, un ámbito que debería ser ejemplo público, ya que es el órgano de control de los demás poderes del Estado. Eso es lo que entienden, al menos, los diputados Laura Alonso (Pro), Manuel Garrido (UCR), Carla Carrizo y Martín Lousteau (Sumá + UNEN), Adrián Pérez (Frente Renovador), Pablo Javkin (Coalición Cívica-UNEN) y la senadora Laura Montero (UCR). Todos ellos tuvieron su primera reunión el miércoles pasado junto a una red de ONG.

Entre las ONG que se reunieron con los legisladores de la oposición están la Fundación Directorio Legislativo, Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Cippec, Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Con todas ellas pretenden dar batalla por la transparencia en el Congreso.

Buena parte de ellos son legisladores recién llegados. Otros no lo son, pero, al igual que los más novatos, aún se sorprenden con ciertas cosas. Por ejemplo, que las declaraciones juradas de diputados y senadores sean un misterio: es imposible para el ciudadano común y corriente efectuar un seguimiento patrimonial del legislador que votó.

Con la nueva ley, incluida en la reforma judicial que impulsó el Gobierno el año pasado, se limitó el acceso a las declaraciones patrimoniales y la información allí contenida es más limitada.

Rastrear los viajes, sea al interior o al exterior, es tarea digna de un experimentado sabueso: en el Senado, para llegar a las resoluciones respectivas hay que atravesar por un verdadero laberinto en la Web, mientras que en la Cámara de Diputados la información es por demás mezquina, ya que no se informan los gastos de pasajes ni los viáticos respectivos cuando se trata de viajes al exterior.

A los legisladores se les otorgan tramos terrestres y aéreos para que puedan trasladarse desde y hacia la Capital. Sin embargo, esos tramos pueden canjearse por dinero en efectivo. No se conoce por cuánto ni quiénes canjean sus pasajes, ni qué destinos domésticos realizan los legisladores. En cuanto a los viajes al exterior, en la Cámara de Diputados no se publican los costos ni tampoco los viáticos.

El nombramiento del personal legislativo constituye un capítulo aparte. En la Cámara de Diputados, sólo se pública la nómina de los empleados permanentes, aunque no a qué categoría pertenecen ni dónde trabajan. Los trabajadores temporarios y los contratados forman parte de un agujero negro que oficialismo y oposición se resisten a revelar. Nadie lo dice en voz alta, pero la designación de personal forma parte del toma y daca entre los bloques políticos y, también, el gremio legislativo, que se reparten contratos en función de "favores" mutuos que se realicen.

Es así como el Congreso se convirtió en un auténtico "agujero negro" que ni siquiera la Auditoría General de la Nación (AGN) alguna vez controló. Esto explica por qué desde hace años el Parlamento argentino ha figurado sistemáticamente en el último lugar en los recientes rankings de transparencia parlamentaria a nivel internacional.

"Romper el secretismo"

De todo esto hablaron los legisladores que impulsan la transparencia en diálogo con LA NACION:

Alonso: -Hay que romper el secretismo propio de esta institución, que se ha hecho corporativa. Hay viajes al exterior de los que no sabemos nada, tampoco cuánto se está gastando en el plan de remodelación del Congreso ni de los nombramientos de personal, que se acumulan como capas geológicas año tras año. Nunca he visto tantas caras nuevas como ahora en el Congreso.

-¿Quién los nombró? ¿Por qué? ¿Cuánto cobran?

Pérez: -Por eso, Laura, tenemos que dar aquí, en el Congreso, un ejemplo de transparencia sobre la ejecución de los gastos, para ir luego más allá, hacia los demás estamentos del Estado. El Congreso debe ser el puntapié inicial para luego impulsar una mejora en los demás organismos de control del país.

Lousteau: -Cuando llegué como diputado, me encontré con cosas que realmente me causaron estupor. La calidad institucional es mala y es cierto que hay que romper con el corporativismo, pero nuestro mayor desafío es interesar al ciudadano común sobre este problema. Sin la presión ciudadana, nuestra tarea será más difícil. Y si seguimos con esta calidad de representación, que es pésima, pronto nos van a interrogar por el costo de la política.

Garrido: -Por eso es fundamental planear una estrategia eficaz para llevar adelante una agenda de trabajo. Aunque difícilmente el oficialismo quiera involucrarse.

Alonso: -[Interrumpe] No te olvides, Manuel, que [el presidente de la Cámara de Diputados] Julián Domínguez quiere ser gobernador bonaerense o presidente. Es difícil que si toda esta falta de transparencia se hace pública le sume puntos.

Montero: -En el Senado, las cosas no son mejores. [Amado] Boudou mantiene ocultas las declaraciones juradas, y las pensiones graciables que otorgábamos los legisladores se eliminaron. Era un sistema transparente y, además, dispuesto por ley, pero Boudou y Domínguez las sacaron y no sabemos qué pasa con ese dinero.

Javkin: -Es evidente que tenemos una cultura mala en materia de transparencia; los funcionarios públicos no entienden que la información pública no es un bien propio, sino de toda la ciudadanía.

Carrizo: -Es así. Hay que interesar a la ciudadanía sobre el valor del Congreso, y de un Congreso transparente. Hasta 2003, en el Parlamento se debatía, venían los funcionarios a rendir cuentas, se respondían los pedidos de informes de los legisladores. Ahora nada de eso sucede. El Congreso no genera interés porque ya no genera poder. Esto es lo que debemos cambiar.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, realizó tibios avances en materia de transparencia legislativa. Al ser consultado por LA NACION dijo que dará mayores precisiones al respecto en los próximos días.

Por el derecho a la información

Adrián Pérez - Diputado frente renovador"Tenemos que dar aquí en el Congreso un ejemplo de transparencia sobre la ejecución de los gastos"

Martín Lousteau - Diputado unen"Nuestro desafío es interesar al ciudadano común sobre este problema. Sin eso, nuestra tarea será más difícil"

Laura Alonso - Diputada pro"Hay que romper el secretismo propio de esta institución de la Nación, que se ha hecho más y más corporativa".

Cómo votan nuestros diputados. Tu representante, ¿cuida tu voto?

Fuente: Mónica del Rio para Notivida

Una vez más dos proyectos emblemáticos y antagónicos volverán a dividir las aguas en la cámara baja. La “Campaña por el Derecho al Aborto” volvió a presentar el proyecto que crearía un mecanismo sistemático para eliminar personas inocentes y la Red Federal de Familias (RFF) el que le garantizaría Derechos Humanos a la madre y al hijo.

En ambos casos la presentación inicial lleva 15 firmas, el número máximo de firmas con el que puede ingresar un proyecto en la cámara baja, pero se estima que son muchos los diputados que, con el correr de los días, van a sumarse a uno u otro proyecto. La alternativa está planteada: tenderle una mano y brindarle soluciones integrales a la mujer que cursa un embarazo conflictivo; o limitarse a ayudarla a matar al hijo de forma “segura”.

Las 15 firmas iniciales en uno y otro proyecto:

El proyecto de la “Campaña por el Derecho al Aborto” (expte. 2249/2014) lo encabeza Adela Segarra (FpV, BsAs) y entró cofirmado por: Nicolás del Caño (PTS, Mendoza); Adriana Puiggrós (FpV, BsAs); Victoria Donda (Libres Del Sur, BsAs); Manuel Garrido (UCR, Ciudad de BsAs); Juan Carlos Zabalza (PS, Santa Fe); Margarita Stolbizer (GEN, BsAs); Claudio Lozano (Unidad Popular, Ciudad de BsAs); Araceli Ferreyra (FpV, Corrientes); Alcira Argumedo (Proyecto Sur, Ciudad de BsAs); Ramona Pucheta (Frente por la Inclusión Social, BsAs); Laura Alonso (PRO, Ciudad de BsAs); Carlos Heller (Nuevo Encuentro, Ciudad de BsAs); Juliana Di Tullio (FpV, BsAs); Néstor Pitrola (Frente de Izquierda y de los Trabajadores, BsAs). Sobre el texto del proyecto de puede ver Notivida Nº 924.

El proyecto de la Red Federal de Familias (expte. 2809/2014) lo encabeza Daniel Tomas (FpV, San Juan) y entró cofirmado por: Agustín Portela (UCR, Ctes.), Roberto Pradines, (Demócrata de Mendoza); Ivana Bianchi (Compromiso Federal, San Luis), Graciela Camaño (Frente Renovador, BsAs); Federico Pinedo (PRO, Cap.Fed.); Bernardo Biella Calvet (UDESO, Salta), José Antonio Vilariño (FpV, Salta); Alberto Asseff (UNIR, BsAs); Cornelia Schmidt Liermann (PRO, Cap.Fed.); Lino Aguilar (Compromiso Federal, San Luis); Graciela Caselles (FpV, San Juan); Manuel Molina (FpV, Catamarca); Juan Dante González (FpV, Mendoza) y María Cristina Cremer de Busti (Unión por Entre Ríos).

Destaquemos finalmente que el proyecto de la RFF ha marcado un hito al propiciar un régimen legal que, atendiendo verdaderamente a la problemática que pudiera presentarse ante determinados embarazos, proporciona una solución integradora que respeta y protege por igual los derechos de los dos integrantes del binomio madre-hijo, esencialmente iguales en dignidad e igualmente valiosos.

Más que nuevas reglas, se deben respetar las existentes

Por Guillermo Rozenwurcel *

Fuente: Clarín

En nuestro país se generalizó la idea de que las falencias institucionales son la causa de todos nuestros males. El “mantra” es hoy la necesidad de una reingeniería institucional que restablezca la República extraviada.

Las reglas del juego que condicionan la interacción de los actores sociales son por cierto claves en la vida de una nación. Su relevancia en la decepcionante trayectoria de nuestro país y su economía es evidente.

A la luz de la declinación que vivimos desde mediados del siglo pasado, nos acostumbramos a imaginar al país de la Generación del 80 como “fruto del designio inteligente y la concordia del pasado” -Luis Alberto Romero dixit . En sus propias palabras, “ la historia es más prosaica ”: entre las intenciones y los resultados de los acuerdos trabajosamente alcanzados desde 1850 hasta 1880, medió una considerable distancia: quienes empezaron a diseñar el nuevo país -fundado en la organización institucional, la inmigración y la educación- mantuvieron enconados enfrentamientos bajo el telón de fondo de guerras civiles que no cesaron hasta 1880. Si esta interpretación de esa “edad de oro” es correcta, la Argentina de entonces distó de ser una sociedad “modelo”. En ella coexistieron actores fuertemente enfrentados, que a veces lograban acordar y otras confrontaban con virulencia.

Las instituciones que entonces se plasmaron no fueron homogéneas: instituciones “inclusivas” convivieron con otras “extractivas” (de acuerdo a la terminología popularizada por Acemoglu) en un equilibrio fluctuante.

Es cierto que las políticas de inmigración y educación lograron mantenerse a lo largo de sucesivos gobiernos. Pero nunca existió un consenso idílico.

Esas políticas se desarrollaron en medio de duras polémicas y cambios de rumbo. El conflicto entre instituciones extractivas -asociadas a la concentración de la propiedad de la tierra- e instituciones inclusivas -asociadas a las transformaciones económicas y sociales en curso en Buenos Aires y otros centros urbanos- planteó desde temprano agudos dilemas, fruto de la tensión entre los requerimientos del crecimiento sostenible y las demandas de equidad.

Esta tensión, típica de cualquier país, alcanzó una intensidad extrema en el caso argentino debido a ciertas peculiaridades de nuestra estructura económica.

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, nuestro país inició un proceso de declinación económica y social que, con vaivenes, aún continúa.

La incapacidad del sistema político para compatibilizar crecimiento y equidad fue uno de los factores determinantes de esa involución.

Con el restablecimiento de la democracia en 1983, las instituciones “formales” -expresadas en la Constitución y las leyes- recobraron su vigencia, pero sin embargo no fueron capaces de revertir esa tendencia.

Frente a esta realidad, se volvió cada vez más frecuente atribuir la progresiva desintegración de nuestra sociedad a las falencias de las instituciones existentes. La consecuencia fue una “inflación” de propuestas de reforma.

Sin duda muchas de las reglas de juego vigentes requieren cambios importantes y una significativa actualización. Pero también está claro que no es la letra de la ley sino su incumplimiento el principal obstáculo de nuestro desarrollo. Es más bien este rasgo de nuestra cultura política, que atraviesa a la sociedad en su conjunto, la clave de nuestro fracaso.

Lo que falta no son, esencialmente, normas escritas y codificadas; lo que falta es asegurar su cumplimiento efectivo, o como dicen los anglosajones con una palabra que (¡oh casualidad!) no existe en castellano, su enforcement estricto.

Si los que no respetan las reglas de juego son una minoría, los mecanismos de supervisión y sanción pueden funcionar. Cuando el incumplimiento es generalizado, como en nuestro caso, ello resulta imposible.

Todos los grupos sociales -no sólo los políticos- se acostumbraron progresivamente a ignorar los mecanismos democrático-republicanos y a defender sus intereses organizándose corporativamente sin mediaciones de ningún tipo. De hecho, una vez configurado ese escenario -que no excluyó episodios de extrema violencia-, ningún grupo estuvo en condiciones de modificar unilateralmente ese modus operandi, ya que ello significaba pagar costos elevadísimos.

Pero además, esa lógica disfuncional fue generando una masa creciente de excluidos -que ya suman más de un cuarto de la población- sin representación ni voz, cuyos reclamos sólo se hacen visibles cuando cortan las calles, ocupan terrenos o emprenden otras formas de acción directa.

¿Cómo cambiar este estado de cosas? Es ilusorio esperar que el consenso brote espontáneamente de la buena voluntad de los actores.

Será en cambio el resultado de un proceso inherentemente conflictivo, con ganadores y perdedores. Lo que necesitamos para que el conflicto no arrase con los perdedores es respeto en la confrontación y reconocimiento de la legitimidad de los intereses de todas las partes: un bien intangible pero no por eso menos importante. Ese intangible es condición previa a cualquier tentativa de reconstrucción institucional. Al menos en un principio, el único actor colectivo que lo puede proveer es el Estado. Es por esa razón que, si bien los políticos no son responsables excluyentes del status quo, sí lo son cuando se trata de encabezar esa reconstrucción.

¿Surgirán antes de la próxima renovación presidencial liderazgos políticos con vocación de estadistas, capaces de estar a la altura de este desafío?

*Socio del CPA

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. "La Corte Suprema de Justicia le ordenó al Gobierno la sanción de la ley de Información Pública.… ¿Por qué es importante para la sociedad y para mí?

Publicado en Saber es un Derecho

¿Qué es el derecho de acceso a la información pública?

Es la posibilidad que tienen todas las personas de buscar, solicitar y recibir información que se encuentra en manos de los diferentes órganos y entes que componen el Estado o en manos de sujetos privados pero que es generada a partir de fondos públicos o en ejercicio de una función pública delegada o autorizada por el Estado.

¿Por qué es importante para la sociedad y para mí?

Acceder a este tipo de datos y documentos es muchas veces fundamental para ejercer, a su vez, otros derechos. Sin información no hay posibilidad de acceder a servicios de salud, de educación o expresarse libremente. Además, el acceso a información pública es importante en tanto contribuye al fortalecimiento la democracia, hace más transparentes a las instituciones y facilita la participación ciudadana.

¿Dónde encuentra sustento este derecho?

La posibilidad de acceder a información pública encuentra su fundamento en los principios que nutren el sistema democrático y republicano de gobierno. En primer lugar, de la forma republicana que el Estado Argentino adopta, derivan el principio de publicidad de los actos de gobierno, el principio de transparencia en el funcionamiento de la administración pública y la posibilidad de participación de las personas que habitan en el país.

Se entiende también que la posibilidad de acceder a datos y documentos públicos se desprende del derecho a la libertad de expresión, en tanto entraña necesariamente la posibilidad de recabar y recibir información y consecuentemente ampliar y fortalecer la autonomía personal.

¿Dónde está reconocido?

En Argentina, el derecho de acceso a la información pública esta reconocido en la Constitución Nacional. Surge, en primer lugar, del artículo 1° de la Carta Magna, en tanto que establece que “la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal”. En segundo lugar, se desprende del artículo 14 de la Constitución Nacional que contempla el derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa. A partir de la reforma constitucional de 1994 el derecho de acceso a la información pública también es incorporado en los artículos 38 (partidos políticos), 41 (medio ambiente), 42 (consumidores y usuarios), 43 (habeas data).

El derecho de acceso a la información pública también se encuentra reconocido en diversas declaraciones y tratados de derechos humanos que en Argentina cuentan con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 CN) como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos.

En los últimos años, varios países de América Latina han avanzado en materia de legislación de acceso a la información pública. En 2006, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes vs. Chile que reconoció el derecho de acceso a la información pública como derecho humano fundamental, marcó un punto de inflexión y determinó el avance de la legislación en este tema en distintos países de la región. Así, desde esa fecha son varios los países que han sancionado leyes que garantizan en forma clara y precisa la manera de ejercer el derecho de acceso a los datos y documentos que se encuentran en manos del Estado. Honduras, Guatemala, Chile, Nicaragua y Uruguay, fueron los últimos países que sancionaros leyes. Por su parte, Brasil se encuentra actualmente en pleno debate parlamentario hacia la sanción de una ley.

¿Por qué realizamos esta campaña?

Esta campaña nace del trabajo conjunto de organizaciones de la sociedad civil que desde hace años trabajan en pos de la plena vigencia del derecho de acceso a la información pública, buscando concientizar a las personas de la importancia de este derecho como una herramienta para poder ejercer otros derechos fundamentales, así como para monitorear la transparencia de la gestión pública y fomentar la participación ciudadana.

¿Por qué es necesaria una ley si el derecho ya está vigente en Argentina?

Contar con una ley de acceso a la información pública es importante ya que establecería mecanismos claros para que la ciudadanía pueda reclamar y recibir información pública que se encuentra en los distintos órganos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Una ley fijaría plazos específicos para la entrega de la información, establecería las excepciones claras a la entrega de información y dejaría sentada la vía judicial idónea para proceder en el caso de que no se entregue tal información.

Una ley de acceso a la información pública garantizaría el ejercicio del derecho y permitiría que cualquier ciudadano pueda reclamar información a los organismos públicos municipales, provinciales y nacionales.

"Incomunicados: el país, en el espejo de la fallida reforma del Código Penal" (Por Raquel San Martín )

Publicado en La Nación online

La intensa polémica que abrió el anteproyecto de cambios en la política criminal mostró, en su brevedad y confusión, dos cuentas pendientes de nuestra democracia: el modo en que pueden influir los climas de opinión para diseñar leyes, y las falencias de los debates públicos, más anclados en la táctica política que en la discusión informada y plural.

Diez días. Eso tardó el anteproyecto de reforma del Código Penal en ser anunciado por la Presidenta como una de las principales novedades del año legislativo, provocar una encendida polémica que incluyó a políticos, expertos, víctimas de delitos e incluso Marcelo Tinelli, y en quedar sepultado hasta que soplen vientos más propicios. La breve pero intensa parábola del proyecto que, paradójicamente, representa casi el único intento del Gobierno para enfrentar de alguna manera la inseguridad -la preocupación social más constante de los últimos años- dejó en evidencia al menos dos cuentas pendientes en nuestro sistema democrático.

Por un lado, el lugar que deben tener los climas de opinión para diseñar políticas en temas clave, como la seguridad. Las preguntas son incómodas: ¿puede "la gente" estar equivocada cuando reclama "mano dura"? ¿Cómo responder a las movilizaciones que, en cada vez más barrios, piden penas más altas para contener el delito? Por otro, cómo deberían ser nuestros debates públicos en cuestiones de fondo, hoy agotados antes de empezar, más cooptados por el oportunismo político que por la información a la ciudadanía, la diversidad de voces y la evidencia empírica.

Algunas encuestas de los últimos días mostraron altos niveles de desacuerdo con un anteproyecto del que, en proporciones igualmente altas, la mayoría sólo había "escuchado hablar". La imagen que devuelve el espejo es elocuente: reclamos sociales que el Gobierno desoye, propuestas de cambio que no logran explicarse, oportunismo político, coros disonantes de declaraciones y respuestas y, al final, discusiones clausuradas, todo con una mayoría de la población desinformada, opinando a partir de consignas generales o directamente equivocadas, o mirando de lejos. En la Argentina de la política recuperada, hay mucho ruido, y poco diálogo.

Con la inseguridad al tope de los problemas percibidos por los ciudadanos (los resultados de Latinobarómetro en 2013, por ejemplo, muestran que el delito supera a los problemas económicos y la corrupción en las preocupaciones de los argentinos), el primer divorcio entre ciudadanos y representantes parece estar en la inacción de los últimos para enfrentar el problema, una distancia que Sergio Massa -que tuvo el buen timing político, dicen los estrategos, para "adueñarse" de la oposición al anteproyecto- viene justamente aprovechando como eje de su campaña.

¿Qué tan cerca deben estar, entonces, las leyes -supuestamente racionales, meditadas, balanceadas en su protección de derechos e intereses- de las preocupaciones sociales -emocionales, alimentadas de hechos conmocionantes, sensibilizadas por el miedo personal y colectivo-? Ni divorcio ni simbiosis, dicen los expertos. "Hay una suerte de mezcla entre la necesidad de aislar las leyes, para que no sean producto de clamores populares, y lograr que no estén absolutamente divorciadas de lo que piensa la gente", apunta Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre la Inseguridad y la Violencia (Celiv) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Sin embargo, como pasó en estos días, identificar lo que "piensa la gente" puede ser complicado. "Los climas de opinión, sobre todo en situaciones de urgencia o de alarma social, parecen más permeables al consignismo, la manipulación y las presentaciones distorsionadas de los problemas. En buena medida, esto se retroalimenta con una lógica circular, porque los mismos actores de las discusiones públicas suelen ser más "reactivos" que propositivos, y optan por enfatizar en su discurso las respuestas y diagnósticos más superficiales, o se manejan con un stock de respuestas ya instaladas en ese clima de opinión", describe el abogado Gustavo Arballo, profesor de la Universidad Nacional de La Pampa y autor del blog Saber derecho.

Para Arballo, "es un deber político y epistémico de quienes proponen, critican o ejecutan políticas el tomar muy en serio «lo que la gente quiere» o «siente» como un insumo de la discusión, que no necesariamente debe ser su punto de llegada. Es a la vez elitista e ingenuo pensar que las políticas públicas pueden ser concebidas y sostenidas a espaldas de la opinión pública, pero también es miope y poco provechoso en términos políticos y pragmáticos no darle valor agregado, quedarse con esa materia prima cuando la complejidad de los fenómenos reclama mejores respuestas".

Por eso, "lo que piensa la gente" no necesariamente habilita a un legislador a hacer propuestas con una encuesta en la mano. "Mientras vivamos en democracia, lo extraño sería no tomar en serio las demandas ciudadanas. Lo que nunca debe confundirse es democracia con mercado. El debate público tiene muy poco que ver con encuestas, que tienen sentido para saber las preferencias de cada uno, por jabones o autos. La democracia es otra cosa: requiere discusiones sobre cuestiones de interés público, no privado. Importa pensar en conjunto cómo organizar una sociedad más justa, no las preferencias de consumo de cada uno", dice Roberto Gargarella, profesor de derecho constitucional en la UBA y la UTDT.

Efecto vaivén

¿Es necesario entonces, como propuso Massa hace días en medio de su exitosa estrategia de captar la iniciativa política, reunir firmas o hacer una consulta popular para rechazar la reforma? "Hay dos canales para «escuchar» a la gente: uno es organizado y el otro plebiscitario. El canal organizado requiere que los ciudadanos se organicen por intereses específicos (productores rurales, trabajadores, inquilinos) e interactúen con los gobernantes para promover políticas. El canal plebiscitario, en cambio, clausura la negociación y el compromiso. Para legislar sobre temas cruciales y complejos, como las reformas constitucionales, las leyes presupuestarias, impositivas y penales, no alcanzan las mayorías simples, sean legislativas o populares. Se requiere negociación política y acuerdos interpartidarios", describe el politólogo Andrés Malamud, investigador en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa.

Se corre el riesgo, de otro modo, del efecto vaivén: "Si una mayoría parlamentaria se impone por pocos votos, se deslegitiman las reformas", dice Alvaro Herrero, doctor en ciencia política e investigador del Laboratorio de Políticas Públicas. Y da el ejemplo de la reforma del Consejo de la Magistratura que redujo el número de miembros de 20 a 13, impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner y aprobada con 148 votos a favor y 89 en contra. "Es una reforma que quedó permanentemente en proceso de revisión", dice. Por eso, muchos juristas repiten un saber corriente que el Gobierno parece haber desestimado: los códigos se reforman cuando los gobiernos llegan, con todo el consenso y el poder, no cuando se van, mientras la competencia por la sucesión ya está abierta, y más que imponer están obligados a negociar.

Aunque uno podría sospecharlo sin mayores pruebas empíricas, se sabe que el recurso de la consulta popular no es el reflejo perfecto de la voluntad del pueblo. Para el politólogo David Altman, por ejemplo, los mecanismos de democracia directa tienen un doble filo. "Según describe, algunos usos promueven la democratización de la política y empoderan a los ciudadanos, pero otros favorecen a los políticos que las implementan -dice Malamud-. Los mecanismos aceptables de democracia directa son lo que van de abajo hacia arriba (bottom up), es decir, los que son iniciados por la ciudadanía y funcionan como válvula de escape o control ante el comportamiento irresponsable de los gobernantes. En cambio, los mecanismos de arriba para abajo (top down) se utilizan para circunvalar o presionar a otros poderes y para minimizar el intercambio de ideas."

Ante la deslegitimación de la dirigencia en conjunto, que parece cada vez menos eficiente para resolver problemas, y la sensación de estar haciendo permanentemente frente a la urgencia (en energía, en transporte, en educación, en economía), para cualquier político una norma que tranquiliza reclamos coyunturales puede ser un atajo para lograr popularidad o confianza.

Al calor de los hechos

"En materia penal, legislar al calor de los hechos es malo, porque la ley penal está hecha para regirnos por mucho tiempo", dice el abogado constitucionalista Alejandro Carrió, profesor universitario de derecho penal. Gargarella agrega otra particularidad: "La discusión penal requiere de cuidados muy especiales porque en ella está en juego el uso de la violencia estatal, y porque ella toca los sentimientos más íntimos, sobre todo a la luz de una sociedad en la que muchos han sido víctimas de la violencia estatal o privada".

Sin embargo, a pesar de su centralidad y sensibilidad, la seguridad no escapa a los problemas que tienen otras cuestiones estructurales en el país: debates planteados en términos puramente ideológicos -garantismo versus mano dura, posiciones en las que se participa sin matices ni demasiado conocimiento ni detalle de qué implica cada postura-, el uso privilegiado de "percepciones" en lugar de datos fiables como base para la discusión y la ausencia de una política estatal integran y sostenida.

Otra distancia con las demandas ciudadanas: "La reforma del Código Penal que se presentó es necesaria, pero es de laboratorio, porque no refleja conexión con los problemas de política criminal del país: la corrupción, la inseguridad, el narcotráfico. No se explicó por qué se quiere eliminar la reincidencia, ni por qué se dejan afuera los delitos contra la administración pública. No hay prioridades claras en materia de política criminal. En ese sentido, o es conservadora o es ingenua", apunta Herrero.

Más allá de los contenidos de la reforma, Carrió ve otro elemento en las opiniones contrarias, más de forma que de fondo. "Lo que parece estar instalándose en la gente es el deseo de que esa reforma no se apruebe al estilo de cómo se aprueban las reformas en la Argentina, con disciplina partidaria", dice, y recuerda al senador Miguel Ángel Pichetto levantando su mano para aprobar el proyecto de Código Civil, el año pasado, tras declarar su desacuerdo con varios puntos y dejar sentada su esperanza de que la Cámara de Diputados corrigiera su voto.

"Cuando uno quiere instalar una legislación tan trascendente hay que tener más apertura mental, estar preparado para hacer concesiones. Estos diez años han instalado la idea de que a los proyectos de ley no se les puede tocar una coma y se divide a la sociedad a favor o en contra. Si existiera la disposición a debatir otras cosas y se iniciara un período de debate en el Congreso para que los legisladores escucharan opiniones distintas, estaría muy bien", afirma Carrió. Justamente, la participación multipartidaria en la redacción del anteproyecto fue un punto positivo, rápidamente opacado por el ajedrez preelectoral que obligó a la oposición a abjurar de la foto alrededor de la mesa con Cristina en la cabecera. "Si el Gobierno abriera espacios de debate, si no hubiera oportunismo político, este anteproyecto tiene un alto consenso de todas las fuerzas políticas. Hoy hay objeciones estructurales, no puntuales. Pero si se pudiera hacer un debate responsable sobre algunos puntos, no habría grandes desacuerdos de fondo", apunta Herrero.

La experiencia del péndulo normativo -entre el populismo de las leyes Blumberg y el elitismo de las comisiones de expertos, señala Gargarella- tiene un fondo institucional. "Los diseños de normativas racionales que se oponen a los clamores populares se logran si existe una institucionalidad fuerte. Cuando hay Estado fuerte, sistema judicial fuerte, no es fácil cambiar las cosas. Y para moverlas se necesitan grandes consensos. Nosotros vivimos en los vaivenes, no podemos armonizar políticas que miren el mediano o largo plazo", dice Bergman.

No todos opinan igual. Hay quienes rechazan el señalamiento de una ciudadanía desinteresada y apática por las cuestiones comunes. Incluso sostienen que existen en la Argentina ejemplos recientes de debates saludables y participativos, y que es el Gobierno el que, en todo caso, no se dedica a fomentarlos. "Algunos debates los ha impulsado la Corte Suprema, como en el caso de la contaminación del Riachuelo y luego con la ley de medios. Fueron dos muestras interesantes de cómo el debate puede ser amplio, participativo, con diversas voces, que parece muy técnico pero que cualquier puede entender y distinguir las visiones en juego. Y ayudaron a desmentir lo que se dice de los debates: que la gente no va, no se interesa, no entiende -apunta Gargarella-. Ahora bien, mi preferencia es que esto no sólo lo organice la Justicia, sino sobre todo los órganos políticos. Ha habido debates impulsados por el Congreso, más imperfectos, pero con poca disposición del Ejecutivo a tomar en serio las voces diversas."

El debate por ahora trunco sobre penas y delitos acaba de sumar otro tema pendiente al listado que espera al próximo gobierno, siempre en la encrucijada entre la urgencia y el fondo, entre el parche y la estructura. Quizá porque lo único que no se escuchó en la encendida polémica fue lo más evidente: mientras dure la pelea por la sucesión presidencial de 2015, en la Argentina sólo se hablará de eso..
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"La fiscalización de la elección preocupa y exige atención" (Por Dr. Alberto Dalla Vía-Presidente de la Cámara Nacional Electoral )

Publicado en el diario La Nación del 12 de mayo.

La transparencia en las elecciones legislativas del 27 de octubre próximo preocupa a los partidos políticos de la oposición. El presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, afirmó que "la fiscalización es lo que más les preocupa y es un tema que requiere atención" de todas las fuerzas.

Tanto los partidos políticos como las asociaciones de jueces y abogados impugnarán judicialmente por inconstitucional la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, que fijó la elección de sus miembros por el voto popular. Pero no opinó sobre ello para no ser recusado en caso de tener que fallar en un caso.

De todos modos, en una entrevista con LA NACION, Dalla Vía anticipó que para los partidos políticos esa elección de consejeros "será una barrera alta y no es sencilla". Y que para los jueces electorales "incorporar una categoría siempre trae una nueva complejidad". Pero confió en que, de ser convalidadas por la Justicia, "se cumplirá y se respetará el cronograma electoral".

Desestimó con énfasis un eventual pacto para homologar la reforma judicial entre el gobierno de Cristina Kirchner y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. "Hay incertidumbre, pero seguramente tenga que intervenir la Corte y confiamos plenamente en la Corte", dijo Dalla Vía. "No tengo ninguna duda de la independencia de la Corte", agregó.

-Usted recibió a los partidos políticos el martes último. ¿Qué preocupación notó en ellos?

-La fiscalización de la elección, que es un tema que exige atención. Hubo una reforma en 2012. Para poder votar, los fiscales tienen que ser fiscales de la mesa y si actúan en otra ya no van a poder votar. Antes podían votar en cualquiera.

-¿Qué implicancia tiene eso?

-Si el fiscal controla una mesa en la que no está empadronado y se va a votar a otra está dejando de cumplir su misión de fiscal. Es una nueva complicación para la fiscalización. Los partidos deben encontrar personas que sean fiscales de la mesa en que están empadronados.

-¿Cuál es su recomendación?

-Los partidos tienen que tomar conciencia porque en nuestro sistema electoral el papel de los partidos a través de los fiscales es muy importante para controlar. Éstos pueden hasta ordenar un arresto.

-Pero a veces el sistema falla y surgen las denuncias.

-Esto es una fortaleza y una debilidad. Hay quienes prefieren que haya boleta única porque los partidos grandes pueden tener más fiscales, que controlan que haya boletas.

-¿Recomendaría campañas de reclutamiento de fiscales?

-Lo promovemos a través de las ONG. Capacitación de autoridades, presidentes y fiscales. Creamos un registro voluntario de autoridades de mesa. Promovemos acuerdos entre partidos para fiscalizar. Todo lo que sea control está bien.

-¿Los partidos expresaron preocupación por la elección de consejeros de la Magistratura?

-Si bien la norma se sancionó, no está aún promulgada y no podemos los jueces opinar. Se requieren 18 distritos para poder adherir la boleta de consejeros a la de legisladores. Pero ésta puede ir separada si hay partidos que hacen un acuerdo. Va a ser un tema con probables cuestionamientos. Se puede advertir que es una barrera alta, no es una sencilla para muchos partidos.

-¿En la instrumentación trae alguna complejidad la nueva boleta de consejeros?

-Incorporar una categoría nueva es una nueva complejidad. Más logística, presupuesto, rendición de cuentas; un régimen de financiamiento; interpretaciones legislativas; un aplicativo informático. Mientras la elección esté convocada nuestra obligación es llevarla adelante. Y cumplir los plazos.

-¿Cómo imagina el escenario de impugnaciones judiciales?

-Con incertidumbre. Pero como es una cuestión constitucional, esa discusión se puede dar en cualquier fuero por vía de amparos. Muy probablemente tenga que intervenir la Corte Suprema. No sé si por vía del per saltum, pero si vamos a hablar de una interpretación de cuestiones de fondo es la Corte.

-¿Cree en un pacto entre la Corte y el Gobierno como denunció la diputada Elisa Carrió?

-Yo no creo ni en pactos ni en negociaciones cuando se trata de la Corte Suprema. No tengo ninguna duda de la independencia de la Corte. Los jueces respetamos su jerarquía como cabeza del Poder Judicial. La respuesta es que confiamos en la Corte porque es el último intérprete de la Constitución.

-¿La Justicia está dividida o está unida en estos temas?

-El Poder Judicial no es unipersonal, todos los jueces tienen competencia, interpretación, y son personas y tienen ideología. No todos fallan igual. Pero si creo que el Poder Judicial actúa institucionalmente y en definitiva será la Corte la que dirá la última palabra. Y eso le da una unidad al Poder Judicial.

-¿Puede haber un conflicto de poderes si la Corte frena la ley?

-Eso no se puede descartar nunca. Creo que no debería haberla. Por encima de la ley está la Constitución. Todos los poderes están sometidos a la Constitución. Yo confío en que esto no va a ocurrir.

-¿Si se suspende la elección de consejeros, peligran las elecciones primarias abiertas, PASO?

-Ese rumor estuvo en los medios. Son especulaciones políticas. Las primarias abiertas son una ley, para cambiarlas hay que cambiar una ley. La de consejeros es una categoría. Pero la elección está convocada para senadores y diputados nacionales. Un escenario impensable.

-¿Puede haber, como en Venezuela, denuncias de fraude?

-Ojalá que no. A ningún juez electoral le gusta una elección empatada, por uno o dos puntos. Al no ser ésta una elección presidencial, ello le quita dramatismo. Puede estar disputada en algún caso puntual..

El Padrón electoral

Respuesta a inquietudes ciudadanas. (Por Sebastián Schimmel-Secretario de la Cámara Nacional Electoral )

Carta publicada en el diario La Nación del 14 de mayo.

En mi carácter de secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral y en relación con la carta de lectores del señor Alberto J. Hubert Campos publicada el día 14 del corriente mes, corresponde mencionar que la conformación y actualización del Registro Nacional de Electores, con cuyos datos se confecciona el padrón electoral que se utiliza en cada elección, es un procedimiento transparente y complejo reglado por el Código Nacional Electoral, en el que intervienen distintos organismos del Estado, y que es fiscalizable por los propios electores y los partidos políticos.

Bajo esas premisas, la justicia nacional electoral debe contar necesariamente con los respectivos antecedentes documentales para efectuar cualquier modificación al Registro de Electores, como incorporar un elector (como ocurre con los menores de 16 y 17 años que actualizaron sus DNI), trasladarlo a otra jurisdicción (cuando el Renaper comunica los cambios de domicilios), o suprimirlo del padrón (como ocurre con los fallecidos).

La publicación de los padrones provisorios procura que la ciudadanía participe en la conformación del padrón y en la transparencia de la elección en su conjunto. Para ello se ha habilitado la posibilidad de efectuar reclamos por Internet en el sitio www.padron.gob.ar

Las elecciones no son un servicio público que el Estado presta a la ciudadanía. Son un acto de soberanía, en el que los ciudadanos participan por sí mismos, fiscalizando el padrón y actuando como autoridades de mesa, lo que les confiere el poder para determinar el día de la elección, la aptitud de los electores y también la validez o nulidad de los votos que son, en última instancia, los que otorgan legitimidad a los mandatos representativos.

El mensaje de Francisco. (Por Sofía de Laferrère)

Cuando oigo hablar a hombres de campo, con frecuencia me maravillo de su sentido común, de sus reflexiones sabias, sencillas, auténticas, tan ligadas a la naturaleza con su eterno juego de causa y efecto. Reflexiones que, avaladas por experiencias vividas,
tienen su manera de interpretar los signos que presagian fenómenos de consecuencias inevitables: tormentas, ciclones, terremotos, anunciados en cielos y horizontes o en el comportamiento de animales y pájaros. Sapiencia que a veces sirve para prevenir sus efectos si se trabaja para moderarlos o para guarecerse a tiempo.

En estos días fue un hombre de ciudad en cambio, un correcaminos que siente y se conmueve por los hijos de la tierra que tocan sus pies, que ama la naturaleza y al ser humano en su creación sublime, el que me hizo pensar en un paralelismo con el hombre humilde alejado del ruido de las construcciones artificiales. El papa Francisco, argentino y americano, con la sencillez de los sabios, nos ha resaltado con vigor los signos de nuestro tiempo y nos ha marcado el camino a fin de que una humanidad sin rumbo pueda interpretarlos y actuar en consecuencia para su propio resguardo. Ha llenado el mundo de unas palabras tan emotivas y sentidas, que niños y ancianos de toda raza, ideología o religión se conmovieron hasta las lágrimas y es más… entendieron el mensaje.

Así como el campesino puede comprender lo que anuncia una señal de la naturaleza, así el mensaje de Francisco, nos dibuja un panorama lleno de señales a las que debemos prestar atención y nos llama a ponernos en guardia, sin necesidad de explicaciones de alto vuelo filosófico, como algunas vertidas en estos días. Lo entendemos y nos llega a lo hondo esa sapiencia universal que se oculta en las pequeñas cosas que nos hablan de amor, justicia, tolerancia y compromiso, porque cualquiera tiene acceso a ellas cuando están.

Se dice que un buen comunicador debe ser comprendido por un niño de 12 años o un anciano de más de 80. El papa Francisco desde la sabiduría evangélica, con su mensaje llano y universal, nos está trazando a todos y a cada uno el rumbo, para que no sigamos tropezando siempre con la misma piedra y tratemos de construir un mundo mejor.

¡Feliz Pascua de Resurrección !

"No hay fraude electoral, aunque existen problemas"
(Por Alberto Dalla Via)

El juez Alberto Dalla Via tendrá un papel clave en el año electoral que empieza. Como integrante de la Cámara Nacional Electoral, sabe que lo esperan días de tensión, pero busca transmitir tranquilidad. "En las elecciones no hay fraude. Puede haber irregularidades y picardías, pero fraude es otra cosa muy distinta", asegura en una entrevista con LA NACION. Sin embargo, insistió en que el Poder Ejecutivo debería ser excluido de toda participación en la organización de comicios y escrutinios.

En los últimos días, el ex ministro Roberto Lavagna habló de fraude en las últimas elecciones. Varias veces también lo había hecho Elisa Carrió. Pero Dalla Via, que integra ese tribunal con Santiago Corcuera (presidente) y Rodolfo Munne, niega que exista manipulación en las urnas o en los resultados.

- ¿Cómo se prepara la justicia electoral para unos comicios que, se vislumbra, se darán en un clima de mucha tensión?

-El cronograma electoral arranca muy temprano, porque el 30 de abril cierra el padrón provisional. Primero hay que hacer las elecciones primarias en agosto y, luego, las generales de octubre; esto incrementa considerablemente la labor de la justicia nacional electoral. Además, este año, antes de esa fecha tienen que estar empadronados los jóvenes que cumplen 16 años hasta el día de la elección general, que es el 27 de octubre.

-Siempre el sistema electoral genera dudas. Pero recientemente Lavagna habló de fraude.

-En nuestro país no hay fraude. Existen, sí, otros problemas. Por ejemplo, los recursos para financiar los procesos electorales, que son ejecutados por el Ministerio del Interior, desde la sanción de la ley 26.571. La Cámara requirió en múltiples oportunidades al Ministerio los medios necesarios para la readecuación del Sistema Informático Electoral (SIE), indispensable para el correcto mantenimiento y actualización del Registro Nacional de Electores. Incluso, la Cámara lo solicitó con la intervención de la Corte, dada a gravedad de las condiciones tecnológicas existentes y el proceso electoral 2013 ya está puesto en marcha. Pero todavía esperamos las respuestas.

- Volvamos con el tema del fraude en las últimas elecciones. Hay gente que cree que existió y lo sacó a relucir Lavagna.

-En toda contienda política se dicen cosas así. Pero se usa la palabra fraude con ligereza y sin que existan pruebas convincentes. Hay que ser muy cuidadoso antes de hablar de fraude. Fraude significa cambiar el resultado de una elección y otra cosa muy distinta es que puedan producirse irregularidades, como han existido siempre y en esto sí hay que admitir que por viveza criolla o por picardía, siempre hay pícaros que querrán sacar alguna ventaja.

- Esas irregularidades a las que usted alude, ¿en que porcentaje podrían calcularse?

-En situaciones extremas los niveles de incidencias han podido acercarse al 2%. No son porcentajes para escandalizarse y se originan en muchas causas desde boletas impugnadas hasta problemas de falta de control imputables a los propios partidos porque no ponen suficientes fiscales en las mesas.

- ¿En qué medida cree que las últimas reformas han modificado nuestro sistema electoral?

-La reforma más significativa fue la ley 26.571, de fin de 2009, que estableció las elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, pero en su única aplicación hasta el momento, los partidos sólo la aplicaron en los cargos inferiores y no para presidente y vice. El tema no consiste sólo en dictar normas sino en cómo se usen. Ahora tenemos reformas más recientes que se han centrado en la documentación electoral y en el voto de los jóvenes que cumplen 16 años. Si hay una crítica que puede hacerse a las últimas reformas es que no se haya seguido la tendencia imperante en toda América latina de fortalecer a los organismos electorales. En la Argentina, en lugar de fortalecer la independencia de la justicia nacional electoral y de fortalecer su presupuesto y sistemas tecnológicos, el Congreso y el Ejecutivo acrecentaron notablemente las funciones de la Dirección Nacional Electoral, del Ministerio del Interior. Esto no es bueno porque se trata de una dependencia política del Ejecutivo en un país presidencialista con reelección. Debemos asegurar neutralidad y equidad. Entiéndase que no me refiero a este gobierno en particular, sino al sistema en general. Fuente: Diario La Nación

"Qué es hoy ser político" (Por Sofía Laferrère de Pinedo)

Difícil tarea la del político en medio de un mundo que cambia a velocidades nunca vistas, donde la gente, especialmente los jóvenes, se acercan cada vez más a las redes sociales y comparten diversión, ideas, actualidad, se conocen y organizan, se pelean, se pasan información y todo en el esquema de “yo y mi pantalla”, sin mirarse a los ojos, sin límites de distancias, en pensamientos telegráficos.

A su vez, la TV se ha convertido en un instrumento de propaganda, con escenarios dispuestos por una estrategia estudiada para introducir en las mentes lo que algunos profesionales determinan que necesitan y van así modificando costumbres, ideas, hasta necesidades; el espectro a alcanzar es más o menos amplio y adaptable porque los contenidos del mensaje se van introduciendo por distintos cauces. Las edades no importan. Los medios masivos y el consumo se convierten en centros de poder y entrelazan lo grande y lo chico. La intimidad se pierde y deja lugar al show. Lo que no está en una pantalla, para la mayoría no existe. Los ejemplos dignos de imitar, se pierden en una nebulosa.

¿Qué nos pasa en este mundo globalizado, donde, además, ningún país está exento de las consecuencias del vuelo de una mariposa con alas entretejidas con dinero de cualquier color y origen y líderes impotentes para atajar los vendavales que provoca?

Los estados se juntan para ver cómo vuelcan miles de billones en fondos de rescate hacia los países que hicieron las cosas mal. Los que ponen, se rebelan, porque no saben hasta cuándo seguirá su donación. En las altas cumbres se manejan cifras y papeles que nadie puede siquiera imaginar, que nadie toca ni ve, mientras los mercados bursátiles bamboleantes, las quiebras de bancos, las deudas impagables hacen temblar a culpables e inocentes. La economía y las finanzas están por encima de todo. El gran miedo sacude a los gobiernos, a los políticos profesionales y a los políticos “empresarios”, con imágenes más de angustia y desorientación que de agallas para tomar el toro por las astas. No deja de ser una paradoja que frente a la capacidad que demuestra la mente humana para avances prodigiosos en ciencia y tecnología, el hombre se muestre tan enredado para solucionar problemas del ser humano. Ahí está la cuestión.

Las ideologías entonces se diluyen o dejan de importar, porque la realidad plantea necesidades que no pueden esperar acomodamientos de medianos o largos plazos.

En ese mundo ¿qué es hoy ser político? ¿Y si nos acercamos a Sócrates para que nos dé una pista? ¿Absurdo? No tanto. Me lo veo rodeado de gente común y de sus discípulos, haciendo preguntas y enseñando, interesándose por lo que otros pensaban, necesitaban, buscando en la reflexión y el diálogo lo que unía antes de lo que dividía, dejando muchas otras lecciones de vida que recogería Platón…nada menos, y que se meditaron y se meditan todavía.

También podemos reconocer a un contemporáneo para observar a un estadista moderno de relieve mundial, Vaclav Havel, disidente comunista checo, quien luego de la liberación de su patria fue elegido su Presidente. Decía cosas como estas: el político debe volver a convertirse en persona, en alguien que no sólo cree en las estadísticas, sino en la gente real; más que confiar en el análisis científico del mundo, debe pensar en su mundo; no sólo en la ideología que eligió, sino también en su alma; no sólo en los informes que recibe cada mañana o los consejos de expertos para resolver problemas, sino en sus sentimientos. Reconocía que ello implica tener el coraje de ser uno mismo e ir por donde lo lleva la conciencia, poniendo el esfuerzo en comprender a los demás, más que en explicar. Conmueve la simplicidad del pensamiento de un grande.

Un antes y un ahora que nos deja interrogantes para nuestro país en esta realidad, donde los ciudadanos no entienden ni pretenden ya entender ¿Quién les habla, les pregunta, los comprende? ¿Quién los escucha, les explica? El advenimiento de nuestros indignados, sin distinción de clases, se convierte así en un caldo de cultivo peligroso, porque de la espontaneidad pueden también pasar a ser los instrumentos de vaya a saber qué estrategia de poder. De poco valen diagnósticos y ponencias de tantos seminarios, cuyos informes no pueden pasar de una página de extensión, porque es necesario facilitar la lectura de dirigentes que ya no tienen ni tiempo de leer.

Entonces, podemos deducir que ser político hoy en esos escenarios cambiantes y turbulentos, es no encerrarse sólo en esquemas económicos y pensamientos únicos e inaplicables. Es conocer los grandes temas pero, al mismo tiempo, saber bajar al pequeño territorio, elegir el diálogo para llegar a conclusiones, tener empatía con el que sufre, el desencantado, el confundido y saber corregir, transmitir, compartir sin agredir. Es conocerse a sí mismo y respetar las diferencias; es crecer como persona aprendiendo de otros y devolviendo lo que se recibe con trabajo y aportes personales; es no renegar de los principios morales y religiosos a fin de poder aplicarlos con la comprensión y el respeto que exigen el lugar y los tiempos donde el hombre y la mujer se desarrollan.

Y, por cierto, debe estar en el político la habilidad para interpretar la valorización de la persona y despertar las energías culturales y de participación en los procesos políticos, a fin de neutralizar esa propensión natural del individuo a dejarse llevar por ignorancia, abulia o comodidad, con el inevitable crecimiento del autoritarismo y del poder del Estado.

Si la política está en la raíz de los problemas, debemos volver a pensarla para tener en cuenta que sin actores políticos no hay política. Llegar a ese escalón de la dirigencia, implica saber que hay un país que ya vive en el siglo XXI y que no cambiará ni caminará hacia el progreso equilibradamente, si no convertimos en protagonistas a la gente de bien, desde el primer escalón municipal, hasta el más alto. Miremos el tweet, pero elevemos también la mira, para dar tiempo y oportunidad a las soluciones.

El presidente norteamericano Clinton decía: “¡Es la economía estúpido!” Pero después de mirar el panorama económico, de mirar los intereses que se esconden en los manejos de los gobiernos, en las guerras de ayer no más, en las consecuencias que desatan, creo que el buen político debería contestarle: ¡Es la persona humana, no te equivoques estúpido!

"Una luz de esperanza para la boleta única"- por Alberto Asseff *

La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación abrió una luz de esperanza para la boleta única. Tenue, pero visible.

El diagnóstico acerca de nuestro arcaico sistema de votación es claro: Mesas electorales sembradas de boletas, confundiendo y descorazonando a los ciudadanos; falta de boletas, sea por hurto o porque la distribución del correo las ‘extravió’; destrucción adrede por algún militante (¿mercenario?) rival; falsificación; manipulación del votante (¿clientelismo?); posibles fraudes del tipo ‘voto en cadena’; sobrecosto, tanto para el Estado como para los partidos; dispendio jurisdiccional en el proceso de aprobación de los modelos de boletas múltiples; denodados esfuerzos para lograr que las imprentas cumplan la impresión en los plazos propios del cronograma electoral, en el enfajamiento destinado a cada circuito, en la distribución y logística; complejos control y escrutinio.

La solución es modernizar esta vetustez. Toda nuestra América tiene la boleta única, salvo la vecina República Oriental.¿Qué es la boleta única? Es una papeleta que diseña e imprime el Estado – con control de los partidos políticos participantes- en la que se hallan todas las opciones electorales, incluyendo la fotografía del principal candidato. En cada propuesta, un visible rectángulo está destinado para que el elector marque su preferencia mediante una lapicera de tinta indeleble que le provee la autoridad de mesa y que devolverá al sufragar. Todos los partidos figuran con igual grafía. La paridad es absoluta. En la grilla de partida, pues, nadie saca ventaja.

La boleta única no la manipulan los partidos ni se distribuye entre la ciudadanía con antelación al comicio. Las tiene, numeradas, el presidente de mesa y cada sufragante recibe una al momento de presentarse para cumplir con su obligación y derecho cívico.

En los casos de listas abultadas, como la de la provincia de Buenos Aires, con sus 35 candidatos a diputados nacionales, la solución es simple: en las paredes del cuarto oscuro se exponen las listas completas de todos los partidos. El ciudadano puede así examinar la propuesta con comodidad, inclusive mayor que la que permite el modo actual, ya que en las boletas algunas nóminas son literalmente ilegibles.

Existen dos alternativas: la que rige en Córdoba, que en una sola boleta única reúne a todas las categorías de votación, desde presidente hasta concejal o la que tiene vigencia en Santa Fe que presenta varias boletas únicas, una por cada categoría.

En Santa Fe, la boleta única además de sus ventajas naturales, adiciona la de quebrar la llamada “sábana horizontal”, es decir el voto arrastre. Éste consiste en que por lo general el voto por un presidente “arrastra” el de los demás candidatos. En Santa Fe el votante debe elegir varias veces: por presidente, por senadores y/o diputados nacionales, por gobernador, por legisladores provinciales, por autoridades municipales, siempre con boletas únicas y separadas. Algo así como ciudadano potenciado. Más soberano que en otros lares.

La modalidad cordobesa vendría a ser un paso intermedio entre el avejentado régimen que padecemos y la alta calidad institucional y sistémica que propone Santa Fe.

El oficialismo – y quizás la UCR – le temen al modo santafesino de votar porque podría, dicen, afectar la gobernabilidad ya que un presidente podría ser ungido simultáneamente con un Congreso de signo político contrario. Esto, en virtud de que se neutraliza el mencionado efecto arrastre. Sin embargo, a la gobernabilidad también la lesiona el descontrol propio de un Congreso del tipo escribanía. Por sobre todas las cosas, un gobierno uniforme y unicromo es tan o más peligroso que otro que deba lidiar con un Congreso opositor.

El partido hoy dominante en el país exalta como la mayor virtud del procedimiento de boletas múltiples que “es la forma como el militante se vincula con el votante, entregándole en mano la boleta”. Le hemos respondido que eso, en romance verdadero, es manipulación, cuando no presión, inherente a la red clientelar que se extiende. Y que si se busca y quiere genuinamente estableces lazos directos de los dirigentes con los ciudadanos, el ‘casa por casa’ debe practicarse para dialogar e informar sobre ideas y propuestas y no para entregar la boleta electoral.

Sostener la boleta única no empece a la idea – a la que adhiero – de que debemos llegar, más temprano que tarde, al voto electrónico, en un paso tecnológico y despapelizador ineluctable.

¿Por qué hay esperanzas de que prospere la boleta única? Porque el régimen actual es insostenible y porque madura en la ciudadanía la idea de que este avance no puede dilatarse más.

*Diputado nacional por Compromiso Federal UNIR de la Provincia de Buenos Aires.

"100 años de la ley Sáenz Peña"- por Martín Lorences*

Se cumplieron 100 años de la creación de la ley nro. 8871, sancionada el 10 de febrero de 1912, conocida como la ley Sáenz Peña porque fue el entonces Presidente de la Nación Roque Sáenz la figura determinante para la concreción de dicha norma.

Hasta 1912 las elecciones nacionales como provinciales en Argentina, en cuanto a participación del electorado como a la transparencia del acto electoral, no estaban a tono del espíritu constitucional. El fraude y el desinterés ciudadano estaban a la orden del día.

La ley Sáenz peña incorporó en nuestro sistema electoral, la obligatoriedad del voto, que él mismo sea secreto y universal, así como también la representación de las minorías en el Congreso de la Nación. La obligatoriedad del voto tenía su justificación en que era muy escaso el porcentaje de ciudadanos que asistían a las urnas, quedando reducido el acto electoral en muchos casos a la capacidad movilizadora de los dirigentes que a la propia voluntad de los electores. Instaurando el voto obligatorio se busco entonces que el pueblo se involucre masivamente a la hora de votar.

Antes de 1912 el voto era cantado, es decir se hacía a viva voz, quedando cada elector identificado con su voto. Las presiones a los electores eran sorprendentes. Si bien hoy en día todos solemos comentar a quien votamos o pensamos votar, siempre en última instancia en el cuarto oscuro queda manifestada la íntima voluntad individual. En cuanto a la universalidad del voto, hay que aclarar que alcanzaba a todos los ciudadanos argentinos hombres mayores de 18 años. Habría que esperar hasta 1947 para que se incorpore el voto femenino.

Es interesante destacar el contexto y quien fue el impulsor de tan loable iniciativa. Roque Sáenz Peña resultó electo presidente de la nación por el Partido Autonomista Nacional, partido político que había sido el principal beneficiado con el sistema electoral previo a 1912. La situación política no era alentadora porque la Unión Cívica Radical, liderada por Hipólito Yrigoyen venía insistiendo con revueltas armadas desde 1895 por la renovación y modernización del sistema electoral. Al llegar al país luego de ser electo Presidente Roque Sáenz Peña, demostrando dotes de estadista, se reúne con Yrigoyen. El primero a los fines de pacificar al país y de dar un paso importante en materia de progreso institucional promete la creación de la ley que purificaría el sistema electoral. El caudillo radical en consecuencia manifestó que el radicalismo se alejaría de la vía revolucionaría, participando de las contiendas electorales. En 1916 en las primeras elecciones presidenciales con la vigencia de la Ley Sáenz Peña, Hipólito Yrigoyen triunfa y pone fin a 36 años de abrumador dominio del partido conservador en el poder.

Si bien el ingenio malicioso ha conseguido - con artimañas como el robo de boletas, el remplazo de éstas por falsas, distintas manipulaciones de la ciudadanía en beneficio de determinado candidato a cambio de fugaces promesas - el descredito de la política en general y del acto electoral en particular, la Ley Sáenz Peña fue la primera expresión en la búsqueda de elecciones transparentes como, representativas de la voluntad ciudadana.

Consolidados en nuestro sistema electoral, el voto secreto, obligatorio y universal (incluyendo a la mujer), con la proporcional representación de las minorías, podemos empezar a pensar en nuevas alternativas como la boleta única, el voto electrónico o por internet, la eliminación de las listas sabanas entre otros avances que tiendan siempre a la transparencia de un acto tan importante para la democracia como lo es la elección de aquellos a quienes les damos en préstamo nuestro poder, los representantes.

*Abogado. Lic. Relaciones Internacionales. Profesor de Educación Cívica en el Colegio Esteban Echeverría, Profesor Auxiliar de Derecho Constitucional en la Universidad Abierta Interamericana, miembro de Bases XXI – espacio para la reflexión y difusión de la cultura Cívica-)

"Votar a alguien"- por Martín Lorences*

En todo acto electoral es muy factible encontrarnos con personas a las que no les agrada ninguno de los candidatos presentados, y que como alternativa para demostrar su descontento con esa clase política, incluyendo a los miembros de la oposición como del oficialismo, optan por votar en blanco o anular el voto. Por eso creo necesario realizar una diferenciación técnica entre el voto válido, el blanco y el nulo.

El primero es aquel que cumple con los requisitos legalmente establecidos ( una sola boleta de un candidato por cada categoría en perfectas condiciones), el voto es considerado en blanco cuando dentro del sobre no hay ninguna boleta o se colocó un papel de cualquier color pero totalmente liso; por último el nulo es aquel que no cumple con los requisitos para ser valido ( ya sea porque el sobre contiene cualquier imagen u objeto, o contiene para la misma categoría dos o más candidatos, o las boletas están rotas y no se llega a leer el nombre del candidato con claridad). Lo fundamental, además de la diferencia meramente técnica, es que a la hora de sacar los porcentajes para saber los resultados finales que obtuvo cada candidato solamente se tienen en cuenta los votos validos. De aquí se desprende el mito de que el voto en blanco y el voto nulo terminan beneficiando al candidato que obtuvo más votos en la primera vuelta electoral, en caso de ser una elección presidencial , ya que le reduce la porción de votos validos para obtener los porcentajes y determinar así si hay o no ballotage.

Debido a que tanto el voto blanco como nulo no es tenido en cuenta a la hora de arribar a los resultados finales de la elección considero que el mejor camino para manifestar el descontento con algún candidato o con la clase política en general, sigue siendo la de realizar un voto válido, es decir a un candidato determinado y cumpliendo con los requisitos legalmente establecidos. En la situación de que no haya ningún candidato que sea del agrado del votante, recomiendo votar al que menos les disguste, al que crean menos malo o menos perjudicial para los destinos del país.

Votando a un candidato en particular, estamos aprovechando la posibilidad que nos da la Democracia de elegir a nuestros representantes, pero por sobre todo estamos en condiciones de exigirle con posterioridad a aquella persona a la que le depositamos nuestra confianza a que cumpla con las promesas vertidas en la campaña y que respete y haga respetar los principios constitucionales. De esta manera seguiremos aportando a la consolidación de nuestras instituciones democráticas y republicanas, porque la base de nuestro sistema político consiste en que podamos elegir a nuestros representantes.

*Abogado. Lic. Relaciones Internacionales. Profesor de Educación Cívica en el Colegio Esteban Echeverría, Profesor Auxiliar de Derecho Constitucional en la Universidad Abierta Interamericana, miembro de Bases XXI – espacio para la reflexión y difusión de la cultura Cívica-)

"Los riesgos del poder absoluto"- por La Nación

En los próximos días, se iniciará una nueva etapa política, con el comienzo del segundo mandato consecutivo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con la renovación de ambos cuerpos legislativos. Nadie puede discutir la contundencia de un resultado electoral por el cual el 54% de los votantes depositó en la actual jefa del Estado su confianza. Tampoco el hecho de que ese aval se haya extendido al ámbito parlamentario, donde el oficialismo contará con virtual mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, resulta perfectamente legítimo expresar inquietudes sobre los peligros de avanzar hacia un poder absoluto.

El nacimiento del constitucionalismo moderno desde fines del siglo XVII estuvo dirigido a evitar la concentración del poder absoluto en manos de una persona y a erigir a la ciudadanía como única fuente de legitimidad del poder estatal.

Tanto el principio sobre la división de los poderes como la idea acerca de la necesidad de contar con contrapesos y equilibrios entre los distintos poderes apuntan a preservar la libertad y la seguridad del hombre frente al ejercicio arbitrario de facultades gubernamentales sin límites ni controles.

La ley como fruto de la voluntad general, el Estado de Derecho como marco de la acción del Gobierno y el control de la constitucionalidad de los actos de los otros poderes por parte de una Justicia independiente e imparcial, constituyen sin duda los presupuestos sobre los que se han desarrollado las democracias constitucionales más exitosas.

Los claros resultados en favor del kirchnerismo no deberían despertar ninguna alarma en un país con un Estado de Derecho sólido e instituciones respetuosas de la Constitución. En un sistema presidencial puede ser eficiente que el Poder Ejecutivo cuente con un respaldo importante para poder llevar adelante sus programas de gobierno, sabiendo que no encontrará mayores obstáculos en el Congreso para aprobar sus distintas iniciativas. Se entiende, no obstante, que aún edificado sobre las mayorías del partido de gobierno, el Congreso debiera controlar y debatir las propuestas del Ejecutivo, escuchando a las minorías y respetando sus derechos. En última instancia, será el Poder Judicial el que deberá restablecer siempre el imperio de la Constitución respecto de aquellos actos o leyes que se aparten o contradigan sus preceptos.

Pero la práctica constitucional argentina suscita serias preocupaciones. El presidencialismo propio de nuestro país personaliza y concentra de tal modo el ejercicio del poder, que el Congreso ha llegado, inéditamente, a resignar todo control político sobre los actos del Presidente. Se ha esfumado así el deslinde entre la utilización de las competencias legislativas por parte del Congreso y el Ejecutivo, pues este último emplea, a su solo antojo, herramientas de naturaleza excepcional, como son los decretos de necesidad y urgencia y las facultades delegadas, sin que exista una mínima fiscalización del Congreso. Se ha llegado al extremo de que ni siquiera se reúna la comisión bicameral encargada de revisar esos decretos.

Subsiste, asimismo, la declaración de un Estado de emergencia permanente que, junto a un conjunto de normas similares, permite al presidente decidir, unilateral y discrecionalmente, cómo utilizará los dineros públicos. Esto ha distorsionado gravemente el régimen fiscal federal.

A lo expuesto se agrega la poca transparencia de los actos estatales. La inexplicable demora en sancionar una ley de acceso a la información pública imposibilita la rendición de cuentas y el efectivo control ciudadano.

Es de desear que esto se modifique. Que el Congreso recupere sus atribuciones constitucionales naturales; que las acciones gubernamentales se tornen más cristalinas; que se fortalezca el debilitado sistema de partidos; que retorne el diálogo político como herramienta de búsqueda de consensos y de convivencia, y que la República encuentre el sendero hacia un Estado de Derecho más robusto y respetado.

De no ser así, esto es, de persistir la actual situación, la responsabilidad de mantener los equilibrios institucionales, de tutelar los derechos y libertades individuales y la obligación de defender la supremacía de la Constitución de las pretensiones hegemónicas recaerán en el único poder que no depende directamente de las mayorías políticas circunstanciales: el Poder Judicial y, muy especialmente, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La actual integración de la Corte ha sido señalada por el carácter innovador de algunos de sus pronunciamientos en la defensa de derechos y libertades, tanto individuales como colectivos. Sus decisiones han tenido el acierto de marcar rumbos en el ejercicio del control de constitucionalidad. Su presidente, Ricardo Lorenzetti, en numerosas oportunidades ha destacado el papel que cumplen los tribunales en la defensa y preservación de las normas constitucionales, como también la necesidad de resguardar y proteger la independencia e imparcialidad republicana de los jueces respecto del poder político, como presupuesto indispensable para que puedan decidir conforme a derecho los casos que se llevan a su conocimiento.

En las circunstancias actuales, la Corte deberá ser especialmente celosa en el cumplimiento de su misión esencial encomendada por la propia Constitución, evitando que se produzcan excesos o abusos del poder y se caiga, sin posibilidad de solución, en lo que Montesquieu advertía en el siglo XVIII: "Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas?, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre los particulares".

Fuente: La Nación Online

"La abulia electoral"- por Dora Moneta.

Después del resultado de las elecciones primarias (PASO) el electorado argentino no espera grandes cambios en el resultado de las elecciones del 23 de octubre. En general la gente opina que ya votó, por lo que se ha instalado un desentendimiento del acto electoral que no le hace bien a la República.

No debemos olvidar que el voto es el primer eslabón del proceso que lleva al poder a un gobierno democrático. El voto da y quita responsabilidades, y el electorado pretende del candidato que recibe el mayor de los apoyos la concreción de los logros prometidos, tal como pretende que los que siguen en la elección realizarán un control de gestión preciso y agudo. Estos roles son intercambiables en una república, pero por muchas razones la sana costumbre de votar para elegir quiénes dirigirán el país se considera como un trámite más y por lo tanto se agota el día mismo de la elección.

Si, como aconteció este año, se llevan a cabo elecciones que, bajo una metodología nueva, intentaron reverdecer el sistema y solo lograron confundir, es lógico que ante lo que se supone una repetición, se instale la abulia electoral. Ir a votar ya no se siente como un derecho sino como una tarea.
Para revertir este estado de ánimo es necesario despojarse de animosidad partidaria y apropiarse del concepto de república. Cada voto vale y es legítimo defender en una elección las ideas políticas.

Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, fundamentalmente el de la discrepancia en la administración de los asuntos del país, y también el de la adhesión. Así formarán las mayorías y las minorías. Votar es entonces un acto de madurez cívica ya que implica respetar un resultado cuando es adverso y regocijarse cuando gana el candidato o candidata que elegimos.

Se puede pensar en la no obligatoriedad del voto, lo que no se puede es sentirse eximido de la condición de ciudadano que, también en esta oportunidad,, se manifiesta votando.

Dora Moneta
dmoneta@fibertel.com.ar

"El Congreso, ¿qué es eso?"- por Sofía Laferrere.

¿Qué título no? Pero… ¿cuántos se lo preguntan?

Sin embargo si se nos llena la boca diciendo que vivimos en democracia, deberíamos hacer una reflexión y pensar porqué el Congreso de la Nación es uno de los pilares de la república democrática (dicho así, para que la figura que hemos adoptado como gobierno quede completa).

También se preguntan otros ¿para qué? Bueno, aquí el nivel de preocupación sube.

Vayamos a nuestros conocimientos de cultura cívica y ahondemos el concepto del equilibrio de los poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Están en ese orden en el texto de la Constitución. Diríamos que puede ser lógico porque el Presidente de la Nación tiene permanente tribuna y es “lo más” para muchos: va primero. Después vienen los senadores y diputados, quienes se reúnen a veces en reuniones cerradas o semicerradas en comisiones de estudio y deliberativas, donde se tratan los proyectos de ley y, luego, en sesiones públicas en el recinto, cuando los proyectos entran en el orden del día, a grandes voces y si se televisan mejor.

Y aquí entramos en el nudo de la cuestión. El Presidente/a representa una opción política. En el Congreso los representantes traen mandatos de distintas opciones políticas lo que significa que, en líneas generales, representan a la mayor parte del electorado. ¿Esto es importante? Vaya si lo es.

No podemos dejar de lado el concepto de que la libertad prospera en la diversidad cultural, en las diferencias, en el pluralismo y sobre todo, en la diversificación del poder. Si el poder reside en una sola persona, corremos el riesgo cierto de que nuestra libertades van a ser cercenadas de una manera u otra. De ahí la importancia que debemos dar al Poder Legislativo, como controlador de los excesos de los gobiernos y como cooperador en la marcha del estado dentro del equilibrio institucional.

La elección de los miembros del Congreso nacional y de los distintos cuerpos legislativos provinciales y municipales, adquiere así un alcance fundamental. Esto pone de relieve la gran responsabilidad que tienen tanto los partidos políticos como nosotros los ciudadanos, en esa tarea de elegir a los candidatos que deberán integrar los cuerpos deliberativos: en el caso que hoy nos ocupa, el Congreso de la Nación. Los primeros porque para conformar las listas deben buscar a los mejores. Los segundos porque en el espectro de ofertas políticas, hay que saber a quiénes elegimos para representarnos, sabiendo que son ellos quienes deberán cumplir con la función de verificar el cumplimiento de la ley, de buscar los caminos del progreso, de legislar para todos; de garantizar los derechos; de servir de enlace entre quienes los votaron, entre las bases territoriales y los distintos resortes del poder; de buscar el verdadero equilibrio entre lo que queremos y lo que tenemos, entre los pequeños intereses políticos y los intereses sociales de los individuos organizados fuera de la política.

Hay una necesidad de legitimar el Congreso para que la balanza del poder no esté inclinada hacia unos pocos y para convertirlo en la verdadera caja de resonancia de los problemas del país, donde se debatan los grandes temas en un clima de tolerancia y respeto por las minorías y donde primen los verdaderos valores de una comunidad organizada democráticamente. No es una utopía; es una necesidad que sólo se conseguirá si elegimos responsablemente.

"Los cuatro desafíos económicos de la Argentina que viene"- por Ricardo López Murphy.

El 23 de octubre se llevará a cabo la elección nacional para que los ciudadanos de nuestro país elijan a las autoridades que conducirán el futuro de nuestra nación durante los próximos 4 años. Cualquiera sea el ganador de la competencia final en el mes de octubre, o en noviembre, si se llega a la segunda ronda, deberá enfrentar cuatro desafíos económicos inevitables.

El primero tiene que con con la tasa de inflación. Esta última que está alrededor del 25% anual, en mediciones independientes y no en las maquilladas estadísticas del Indec, obligará a un esfuerzo sistemático de la próxima administración para llevar la tasa de inflación a niveles semejantes a nuestros vecinos. El objetivo central de cualquiera que sea el mandatario, será evitar su espiralización. Las tendencias que están operando de aceleración tanto de la emisión monetaria como el gastos fiscal, así también como la política de ingresos, pre anuncian un nivel más elevado de inflación, y ello pondrá en la agenda esta temática como un requisito esencial para reestablecer cierta previsibilidad en la sociedad y en la economía argentina. Aún cuan se tratara solamente de evitar que esa inflación espiralice y estabilizarla a niveles del 25 y 30% dado los desequilibrios y la dinámica en la que estamos sumergidos, ello requerirá un esfuerzo constante y significativo.

El segundo aspecto que condiciona y alimenta el primer tema, es que el país ha entrado en déficit de cuenta corriente, en el balance de pagos. Esto ocurrió a pesar de las fabulosas circunstancias internacionales que la Argentina disfruta desde hace más de ocho años, dado que nos vimos favorecidos por la notable apreciación de las monedas de nuestros países vecinos, por las tasas de interés sumamente bajas a nivel mundial, así como altísimos precios para las commodities que exportamos. Todas estas circunstancias, aun actuando en conjunto, no pudieron evitar que el deterioro de la situación externa condicione fuertemente las opciones de políticas hacia el futuro. En ese ámbito cabe señalar que el mecanismo que atenuó la altísima tasa de inflación, el retraso cambiario, por la mencionada debilidad del sector externo y por la vulnerabilidad de su situación de reservas, no estará disponible hacia adelante. Es inevitable destacar, que no podrá formar parte de la programación del próximo gobierno incurrir en un mayor nivel de sobrevaluación de la divisa extranjera, como tampoco podrá acelerarse la tasa de inflación como mecanismo de corrección. En ambos casos se estaría acumulando un problema de mayor gravedad para nuestro futuro.

El tercer punto que subyace detrás de la inflación y de los desequilibrios externos, siendo su variable explicativa, es el desequilibrio fiscal. Esto se da a pesar de los extraordinarios niveles de recaudación y una excepcional alza en la presión tributaria. Ese crecimiento del gasto tiene un elemento estructural y desestabilizador que es el nivel creciente de los subsidios y de las erogaciones debidas al cambio del sistema de seguridad social.

Por último, y uno de los grandes desafíos de cara al futuro, es avanzar hacia el predominio del trabajo formal. La Argentina no podrá recurrir en el futuro como lo ha hecho en las últimas dos administraciones kirchneristas a aumentos de imposición laboral. Esos impuestos se traducen en una distorsión que fomenta el problema del empleo informal. Eso obliga a pensar en instrumentos diferentes de los que hasta ahora se han utilizado para lidiar con esta problemática.

El empleo informal como el desempleo son lacras en nuestra sociedad, que no deberían ser agudizadas por las urgencias del corto plazo. Por eso cualquier programa de gobierno de consolidación fiscal, de abatimiento inflacionario, de normalización del sector externo, deberá partir de la base conceptual, que el sector laboral debe atenuar la carga tributaria que implica su empleo, y deberá al mismo tiempo encontrar una herramienta que por el contrario fomente el proceso de integración social que está asociado al empleo formal. Esos dilemas estarán en el corazón de las definiciones de política económica del gobierno que vamos a elegir en las urnas. Este análisis procura que el debate de los cuatro problemas este en el centro de las razones por la cual deberá elegirse uno u otro candidato ¿Cómo se frena el proceso inflacionario? ¿Cómo vamos a corregir los desequilibrios externos? ¿Cómo vamos hacer para encauzar el desorden fiscal? ¿Cómo se normalizará el mercado alboral?.

Ninguno de estos interrogantes puede ser soslayado. La respuesta no puede ser la omisión de pagos a los juicios de los jubilados como desgraciadamente ocurrió durante los últimos ocho años. Por el contrario, una actitud responsable y sensata en la resolución de estos cuatro desafíos, le permitirá al país aprovechar las circunstancias internacionales favorables y obtener como fruto un desarrollo económico sostenible.

Fuente: Diario La Causa

"No hay derechos sin deberes"- por Sergio Sinay

Publicado en "La Nación" el domingo 17 de Julio 2011, donde el autor responde cada domingo en esa página inquietudes y reflexiones sobre cuestiones relacionadas con nuestra manera de vivir, de vincularnos y de afrontar hoy los temas existenciales.

Señor Sinay: Uno observa el mundo: la destrucción le gana a la construcción en una proporción de 10 a 1 en todo sentido; ambiental, social, cultural. En mi propio edificio vi una reunión de 10 jóvenes; al terminar quedaron algunas botellas abandonadas, 9 se fueron con displicencia, pero uno juntó las botellas y se las llevó. Parece confirmarse aquella proporción, pensé. Ejemplos como ése son abundantes, pero si la proporción antedicha fuera verdadera, ya estaría destruido el planeta. Algo no nos deja ver cómo hay tantos que en estos momentos, tal vez delante de nosotros, construyen. ¿Hay algo que se pueda hacer para abrir aún más los ojos de la gente?

Carlos Gustavo Virardi

En un hospital de Ashford, Inglaterra, moría el 24 de agosto de 1943 la filósofa francesa Simone Weil. Tenía 34 años y su vida breve fue agraciada con una lucidez prematura y profunda. Pacifista coherente y convencida, infatigable y dolida exploradora espiritual, revolucionaria comprometida, Weil sufría de tuberculosis. Provenía de una familia acomodada, pero había decidido vivir en carne propia los dolores de los más sufrientes. Estudiante brillante, fue obrera automotriz y también labriega, además de tratar a la par con grandes filósofos de su tiempo. Se dejó morir de hambre dispuesta a no comer ni un gramo más de lo que ingería, en plena guerra, la mayoría de la población de una Europa herida y hambreada. Sus valores, creencias y principios eran una forma de vida, no una declaración.

Todos los libros de Weil son recopilaciones póstumas de sus escritos. En uno, El arraigo, se incluye un texto sobre los deberes y derechos humanos. Ella sostenía que derechos y deberes no pueden escindirse. Son una polaridad que, si es disuelta, deja sin significado a cada término. Pero advertía que, de dar prioridad a uno de esos conceptos, el primer lugar es para los deberes. "No hay derecho sin obligación -escribía-, pues un derecho no es eficaz por sí mismo, sino sólo por la obligación a la cual corresponde." Impresiona la potencia y la vigencia de este pensamiento en un momento en que, como observa nuestro amigo Carlos, el alevoso olvido del otro provoca un vaciamiento de aquella polaridad. Demasiadas veces se confunden, hoy y aquí, derechos con deseos, con urgencias o con intereses personales cuando no sectoriales. Y en nombre de eso se toma sin dar, se destruye sin construir, se cosecha, sin haber sembrado, lo que otros plantaron. Pasa, como dice Carlos, en lo ambiental, en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo económico, en variados campos de la vida y las relaciones cotidianas.

Escribe Weil: "Un hombre, considerado en sí mismo, sólo tiene deberes, entre los que se encuentran deberes hacia sí mismo. Tiene derechos, por su parte, cuando es considerado desde el punto de vista de los otros, que reconocen obligaciones hacia él". No hay forma, entonces, de escapar a los deberes. Quien no contempla al otro se devalúa a sí mismo, porque es el otro el que confirma (con su mirada, su voz, su presencia, su escucha) nuestra existencia. El respeto del deber hacia el otro abona el sentido de ambas vidas. Si a cada quien le da lo mismo qué deberes olvida, qué derechos pisotea, de quién se desentiende, puede ocurrir lo que señalaba con dureza Albert Einstein en Mi visión del mundo: "Quien sienta su vida y la de otros como cosa sin sentido es un desdichado, pero algo más: apenas merece vivir".

Aun así asistimos a la presencia de aquellos que creen en el otro, que hacen lo que deben, que no olvidan sus pequeños y grandes deberes (esos que, cumplidos, realzan sus derechos). Pueden parecer pocos, pero no lo son. Simplemente son menos que los otros. Son emergentes. Cada uno de ellos, sabiéndolo o no, representa a muchos que aún no irrumpen. Es necesario recordárselo cuando los amenaza el desaliento. Y la manera de hacerlo es actuar como ellos. De eso hablaba Ernesto Sabato, con la belleza habitual de su prosa, en Antes del fin: "Salgamos a los espacios abiertos, arriesguémonos por el otro, esperemos, con quien extiende sus brazos, que una nueva ola de la historia nos levante. Quizá ya lo está haciendo de un modo silencioso y subterráneo, como los brotes que laten bajo las tierras del invierno. En tiempos oscuros nos ayudan quienes han sabido andar en la noche". Y finalizaba: "Sólo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido". Hemos perdido mucho, pero todos los días alguien nos recuerda con hechos lo que queda por ganar. ¿Por qué no imitarlo?

Fuente: La Nación online

"Es hora de que el Gobierno se ocupe de informar sobre las primarias"- por Alberto Dalla Via

Entrevista a Alberto Dalla Via, publicada en "La Nación", domingo 26 de Junio 2011

Reconocido constitucionalista, integrante de la Cámara Nacional Electoral, Dalla Vía dice que hay un alto grado de desconocimiento en torno a la votación del próximo 14 de agosto, afirma que el Gobierno debería hacer un mayor esfuerzo de difusión y advierte que, cuando este esfuerzo no se hace, el sistema electoral no puede garantizar la igualdad en la competencia.

Dice que el oficialismo es muy vivo y la oposición, muy dormida. Y califica a la última reforma electoral, gracias a la cual debutarán en la Argentina las elecciones primarias y el padrón mixto, como complicada y sofisticada (no porque sea necesariamente mala, sino porque no es fácil de implementar). El que habla no es un constitucionalista más. Alberto Dalla Vía es uno de los tres jueces de la Cámara Nacional Electoral y suena resignado cuando dice que "las leyes no pueden dominar la realidad política argentina" y que la provincia de Buenos Aires es y seguirá siendo la madre de todas las batallas y el escenario principal de las picardías de nuestros políticos.

Advierte, además, que al electorado le falta información sobre las nuevas reglas de juego porque el Gobierno no hizo suficiente campaña sobre este asunto y que también les falta información a los apoderados de los partidos, que ayer cerraron las listas que los electores encontrarán en el cuarto oscuro el 14 de agosto. Y adelanta que, exceptuando al oficialismo, todos tendrán dificultades para cumplir con la nueva normativa, que tiene novedades, especialmente en materia de financiamiento de las campañas.

En las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), los ciudadanos elegirán a los precandidatos de los partidos que se convertirán en candidatos a ocupar distintos cargos. Por eso, la oficialización de las listas estuvo este año y por vez primera a cargo de los partidos y no de la Justicia. Y en las elecciones generales del 23 de octubre se elegirán autoridades. Pero, como en la Argentina las cosas no siempre resultan como el legislador las planea, en el caso de los precandidatos a Presidente, los partidos ya eligieron a sus candidatos. Por eso, esta vez, las PASO servirán en realidad para que el electorado elija candidatos sólo para las otras categorías: senadores, diputados, intendentes (en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo), entre otras.

"Como somos un país presidencialista, la opinión pública ve la punta del iceberg y cree que las PASO no definirán nada y serán una especie de encuesta certera porque las candidaturas para presidente ya están resueltas, pero esto no es así. Como ocurre con los icebergs, las dos terceras partes que están por abajo del agua son el resto de las candidaturas. Y eso sigue estando en discusión y seguramente va a haber allí pujas polémicas. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se elegirán autoridades para nueve categorías, y la gente puede votar en cada una por candidatos de un partido diferente si así lo desea", aclara el magistrado.

Dalla Vía tiene 54 años, es padre de tres hijos -Patricio, Luciano y Camila- y se convirtió en camarista electoral en 2001. Fue, junto con su par Santiago Corcuera, el primer juez nombrado por el Consejo de la Magistratura de acuerdo con el nuevo sistema de selección de jueces, que reemplazó al dedo presidencial.

Tiene currículum de sobra: es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho Constitucional y en Ciencia Política, profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y de la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas y presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.

Además fue Premio Konex 2008 en la categoría "Jueces" de la última década, es autor de más de 20 libros y publicó más de 200 artículos de Derecho Constitucional y Ciencia Política. Antes de convertirse en camarista electoral era juez civil en Quilmes y ejerció la profesión durante 18 años.

Cuando se le pregunta si los otros precandidatos presidenciales podrán usar la cadena nacional para lanzar su candidatura, como hizo esta semana la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, responde que la Justicia es siempre el último recurso y, en este caso, antes debiera presentarse un recurso ante la Secretaría de Medios. Y protesta por el bajo nivel de debate y discusión que recibieron algunas de las innovaciones de la reforma (por ejemplo, aquella que prohibió la pauta privada en televisión durante la campaña y colocó en manos del Ministerio del Interior el reparto de la pauta pública para todos los candidatos).

-Dicen los expertos en temas electorales que la última reforma política fue la más importante desde el retorno de la democracia y que, como en cualquier reforma, probablemente haya desafíos vinculados a la implementación. ¿Cuáles son los principales desafíos?

-Permítame recordarles a los especialistas que la reforma más importante de la democracia fue la reforma constitucional, que puso la segunda vuelta, el ballotage, la elección directa de los senadores y eliminó el Colegio Electoral. Que no se olviden de eso, porque de eso no se acuerdan algunos, como no se acuerdan de otras cosas. Evidentemente, la de 2009 fue una reforma muy grande, muy complicada, muy sofisticada. El centro de la cuestión son las primarias, que implican una cantidad de aspectos que de acuerdo a cómo se dé el juego político van a traer mayor o menor cantidad de problemas. Como se están dando las cosas, parecería ser que las primarias no van a ser muy utilizadas para las categorías presidenciales, aun cuando el objetivo del legislador había sido que lo fueran, revalorizando el bipartidismo de peronistas y radicales.

-Las primarias parecen una encuesta certera, aunque cara.

-Pero no elegimos solamente presidente. El problema de la ley argentina es que elegimos presidente, legisladores y que en muchos distritos hay simultaneidad, si bien algunas provincias han comenzado una práctica que antes no se daba: la de hacer elecciones separadas, como ocurrió en Chubut, en la Capital, en Santa Fe. No hay que olvidarse de que hay muchos distritos donde las elecciones son simultáneas, por lo tanto, se eligen autoridades nacionales y autoridades provinciales. Y la "madre de todas las batallas" es, como siempre, la Provincia de Buenos Aires, un distrito donde hay casi 11 millones de electores, es decir, más que en muchos países de América latina, y donde dada la desigualdad de la distribución de la población en la Argentina todos sabemos cómo se concentra el poder político, a punto tal que en la Argentina, a diferencia de la época del orden conservador, donde los grandes actores políticos eran los gobernadores, que le disputaban el poder al presidente, ahora han aparecido los intendentes o los "barones" del conurbano, que son grandes actores políticos. Entonces, en la provincia de Buenos Aires vamos a tener una boleta con nueve secciones. En la primaria hay que elegir presidente y vicepresidente, senador, diputado, gobernador y vice en el caso provincial, y todas las autoridades provinciales hasta consejero escolar. Por lo tanto, el ciudadano, que está muy poco informado, tiene que tener claro que tiene un voto por cada categoría. En la primaria se tiene un voto por cada categoría de cargo, un ciudadano puede votar a presidente por un partido y a legislador provincial por otro. Entonces, en muchas categorías inferiores la disputa va a ser álgida y creo que uno de los problemas que vamos a tener va a ser la confección de las actas de escrutinio en la provincia de Buenos Aires, sobre todo por este nivel de complejidad.

-¿Y cómo superar estas complejidades, producto del sistema de partidos y electoral argentino?

-La Cámara Electoral siempre fue partidaria de la boleta única, así lo hemos manifestado en distintos seminarios. Pero bueno, el legislador argentino cuando votó la última reforma (sonríe) decidió otra cosa. En el futuro habría que legislar pensando más en el interés del ciudadano que en el de los partidos.

-¿Qué traería la boleta única?

-La boleta única transparenta más la elección y evita la proliferación de boletas por categorías que tenemos en la Argentina. Hay partidos que van a llevar sábanas, pero los ciudadanos pueden cortar boleta. Nosotros entendemos que en esta elección va a haber una multiplicidad de boletas. Además, la ley establece que las boletas deberán ser en colores, y los partidos que no consigan tener la boleta en color la llevarán en blanco y negro. Pero 50 días antes de la elección deben oficializar colores.

-¿Eso ya pasó? ¿Cuál es el color de cada candidato a Presidente?

-No, todavía no. Estamos hablando de 50 días antes de la primaria. Lo único que se ha cumplido hasta ahora del cronograma electoral, además del cierre del padrón (que este año debuta mixto e informatizado), ha sido la presentación de alianzas, que se hace 60 días antes de la primaria. Porque con esta ley, para enfatizar lo complejo de todo, no se pueden hacer alianzas entre la primaria y la elección general, como se hacía antes: los partidos hacían sus internas y después podían armar alianzas, recomponer alianzas. Ahora las alianzas hay que hacerlas antes. El miércoles de la semana última se presentaron siete alianzas: Compromiso Federal, que lleva como candidato a Alberto Rodríguez Saá; el Frente Amplio Progresista, de Hermes Binner; la Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que postula a Jorge Altamira; el Frente para la Victoria de la Presidenta; el Frente Popular de Eduardo Duhalde; la Alianza para el Desarrollo Social Udeso que candidatea a Ricardo Alfonsín, y Proyecto Sur, de Pino Solanas.

-¿Cuál es el sentido de las primarias si los partidos ya decidieron a sus principales candidatos?

-Todavía no se han oficializado candidaturas sino solamente alianzas, pero lo que puede ocurrir es que, efectivamente, no se cumpla con la lógica prevista por el legislador. Cuando se debatió esta ley, en diciembre de 2009, posiblemente uno de los grandes objetivos fue tratar de reconstruir el bipartidismo. Tratar de recomponer a los grandes partidos, por eso se establecieron criterios muy estrictos para el número de afiliaciones, y han caducado muchos partidos políticos.

-¿Caducaron?

-Sí, han caducado y hay muchos que están en proceso de tratamiento. Teníamos más de 700 y hay menos de 500 ahora.

-Entonces, ¿volviendo a las primarias?

-La participación en una primaria -si hubiéramos tenido, por ejemplo, dentro de las alianzas, distintos candidatos que participaran en una gran primaria de los grandes grupos políticos- hubiera funcionado como factor de reducción. Lo que pasa es que las leyes no pueden dominar a la realidad política. A veces el legislador intenta diagramarla, pero la realidad política argentina hizo que, por ejemplo dentro del sector tradicional justicialista no se realizara una gran primaria entre oficialismo del Frente para la Victoria, el sector de la Alianza Unión Popular de Duhalde y el sector del Peronismo Federal con un tercer candidato, y en el panradicalismo también ocurrió lo mismo.

-Usted dice entonces que, aunque no vayan a ser como se pensaron, las primarias.

-(Interrumpe) Es importante que los ciudadanos sepan que la primaria es una elección nacional, en la cual hay que ir a votar y en la cual cuanta mayor participación haya, también vamos a tener mayor protagonismo todos en la elección de candidatos. Eso es lo que ha pretendido la ley. La Cámara Electoral está preocupada porque no hay discusión y porque la gente tiene muy poca información.

-¿Quién debería informar?

-Nosotros creemos que debería haber más discusión, lo hemos pedido varias veces. Estamos en el año de Sarmiento, que decía "hay que educar al soberano". Sobre todo cuando hay una ley nueva como ésta, no se puede pretender que los ciudadanos sepan de la noche a la mañana todas las características de un sistema electoral nuevo y complejo. Nosotros nos damos cuenta de que entre la propia dirigencia política aparecen a veces notorios desconocimientos de las reglas de juego de la ley. A ver, ¿cuánta gente sabe que este sufragio es obligatorio? ¿Cuánta gente sabe que se puede votar por una categoría de candidato? ¿Cuánta gente sabe que esta vez las mesas van a ser mixtas? Parece hora ya de que lo sepa y de que el Gobierno se ocupe de difundirlo.

-¿Y por qué cree que no hay difusión? ¿El Gobierno alega que no tiene fondos, o cree usted que falta voluntad política?

-Yo no sabría decirle por qué. Tal vez sería inexacto decir que no ha habido ninguna difusión. Ha habido alguna difusión: en "Fútbol para Todos" aparecen avisos de las primarias. Cuando nos hemos dirigido al Poder Ejecutivo Nacional, que es el que tiene los fondos para estas campañas, nos han dicho que esto lo iban a iniciar un poco más adelante. Nosotros lo que decimos es que toda difusión es poca, y que necesitamos más. La clave de un sistema electoral es que garantice igualdad en la competencia, y brinde seguridad jurídica y previsibilidad. Si no hay difusión, estos principios básicos tienden a fallar.

MANO A MANO

Alberto Dalla Vía tiene oficio: diría que logra decir lo que quiere sin decir demasiado.

Cuida cada una de sus palabras. Pretende no adelantar posiciones sobre temas que podrían ser objeto de controversia y que lo recusen por ello. Igual, se nota que tiene ganas de decir mucho más de lo que efectivamente dice. Le gustaría dejar el traje de juez por un rato y hablar como académico, pero elige no hacerlo.

Los temas que llegan a la Cámara están lejos de ser los que él desearía. Es que los fiscales electorales casi no presentan denuncias por irregularidades contra los partidos o el Gobierno. Y, contrariamente a lo que muchos esperaban, tampoco los candidatos de la oposición ni los medios de comunicación audiovisual objetaron judicialmente la reforma. Al menos, no hasta ahora.

Dalla Vía habla con convicción, sostiene sus posiciones con citas de juristas célebres, sonríe cuando una pregunta lo arrincona y, en varios momentos, levanta los hombros, como evidencia quizá de que comparte una posición, pero no lo dirá abiertamente.

De elector a fiscal: Reconocimiento de una tarea encomiable en pos del afianzamiento de la democracia.

Editorial de La Nación 7 de mayo 2011

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El Estado de Derecho es un sistema que se integra por un entramado de elementos y de técnicas que componen un determinado orden que lo caracteriza. En ese marco, la titularidad de la soberanía en manos del pueblo - elector como único fundamento para el acceso al poder, es el primer eslabón en la construcción de un sistema democrático constitucional. Podemos decir que hace las veces de verdadero cimiento en el que luego se van apoyando los restantes elementos. Así, asegurar un proceso electoral que permita la libre y transparente expresión de la voluntad popular se convierte en una necesidad imperiosa. Ya que de lo contrario, se desmorona todo el edificio institucional que en él se sustenta, en tanto las autoridades que surjan de comicios viciados no serán legítimas y ello se trasladará a la falta de validez de sus actos. Además, todo esto importa una serie de graves actos inconstitucionales y podriamos seguir, pero creemos que lo ya relatado es por demás representativo del valor insustituible que posee todo proceso electoral en el seno de la democracia.

Así las cosas, los ciudadanos no debemos limitarnos a ejercer nuestro derecho al sufragio concurriendo a votar, sino también interviniendo en el control del acto electoral. Se trata de ejercer el derecho a participar desempeñándonos como fiscales electorales. El fiscal como el nombre lo indica, es una suerte de observador del cumplimiento de todos los recaudos que deben seguirse para que el proceso transite por cauces normales, exigiendo que se haga lo que la ley ordena ante cualquier irregularidad. Desde la apertura de las mesas, la constitución de sus autoridades, la colocación de las boletas electorales, la presentación de los electores exhibiendo la documentación que corresponde, hasta el cierre del comicio y posterior escrutinio, pasando por una cantidad de recaudos intermedios, toda esta cadena de actos configura el dise o básico del comicio. A su vez, debe imperar un criterio de igualdad de trato, ante todo a los electores y luego a los representantes de los diferentes partidos y de los demás actores que intervienen de alguna manera en el proceso.

El desarrollo de las elecciones en 2007 adoleci de serios inconvenientes que provocaron reacciones y dejaron dudas sobre lo acontecido en diferentes lugares del país. Hoy más que nunca se impone que esto no se repita. La presencia ciudadana fiscalizando será, sin lugar a dudas, un elemento fundamental para contribuir al desarrollo de una jornada electoral con calidad institucional.

Por ello, la capacitación que esta Fundación propicia es un presupuesto indispensable para actuar con conocimiento de causa y un valioso aporte que desde la sociedad se brinda para el logro de una democracia consolidada. Hacemos votos para que la convocatoria reciba la respuesta que merece y de esa manera se fortalezcan las instituciones argentinas lo que repercutirá en un mayor respeto de nuestros derechos.

El Dr. Daniel Sabsay es Consejero Honorario del Programa de Propuestas de Políticas Públicas de la Fundación Americana para la Educación.